A principios de los 2000 los trabajadores de los astilleros salieron a las calles. A la paulatina pérdida de encargos por la competencia del mercado asiático se unió la obligación de devolver unas ayudas concedidas por la UE, una situación que asfixió a las factorías navales españolas y para intentar evitar la quiebra, el gobierno presentó un duro plan de ajuste.
La amenaza de cierre y despidos prendió la mecha en todos los astilleros del país, entre ellos el de San Fernando, en Cádiz. Manuel Jesús Aranda, trabajador del astillero de San Fernando: "Sabíamos que la vida se partía y salimos a la calle porque sería una ruina".
Tras varios meses de negociación el gobierno llegó a un acuerdo con los sindicatos. Además de 4.000 prejubilaciones, el acuerdo incluía la creación de una nueva empresa Navantia que contó con seis de los diez astilleros, entre ellos el de San Fernando. El resto pasaron a manos privadas y más tarde desaparecieron.