Dos agresiones y violaciones a mujeres en España, que tienen muchos puntos diferentes, pero uno en común: en ambos casos los agresores se libran de ir a la carcel. "Lo que hay es una descompensación entre la gravedad de los hechos y el reproche penal", detalla el magistrado Ignacio González Vega, que a su juicio es una "respuesta penal benigna porque se evita que se entre en prisión".
En uno de los casos el encargado de la finca agredió sexualmente a una jornalera en Mula, Murcia. Además, la amenazó con despedirla si contaba lo sucedido. El hombre ha sido condenado a realizar un curso de educación sexual y no deberá delinquir en cinco años si quiere evitar la cárcel.
Para la agresión de Estepona, en la que dos policías abusaron sexualmente de una joven de 18 años, la Audiencia de Málaga ha estipulado dos años de cárcel, no obstante, no tendrán que ingresar en prisión si no vuelven a cometer delito en tres años y tendrán que someterse a un programa de educación sexual.
En ambos casos, los agresores llegaron a un acuerdo con la víctima. "El proceso penal español establece el trámite de conformidad al igual que otros sistemas jurídicos tanto europeos como americanos", explica Ignacio González Vega. Esta es una forma de evitar la celebración del juicio y la victimización secundaria: "Evitar que la víctima tenga que reproducir esa situación de sufrimiento que ha padecido cuando ocurrieron los lamentables hechos".
Una de las cuestiones en las que hace incidencia el magistrado González Vega es en "por qué el Ministerio Fiscal y la acusación particular han aceptado esa calificación jurídica y lo que es más importante, esa pena que lo que hace es que evita que estas personas entren en prisión por hechos muy graves".
6.000 euros por violar y agredir a una mujer
En el caso de la violación en Mula se determinó una indemnización de 6.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil, una cantidad que despierta indignación por la gravedad de lo sucedido. "Es el acuerdo al que ha llegado la víctima, en el de Estepona extendía la multa a 80.000 euros con costas y en este caso se ha conformado con 6.000 euros", describe el magistrado.
"No son iguales todos los casos, habría que ver el trauma que ha supuesto a la víctima. Puede ser la propia víctima que quiere evitar el juicio para evitar ese sufrimiento", conjetura González Vega, y sentencia que "la última palabra siempre la tiene la víctima".
Junts se abstiene
Sale adelante la Proposición de Ley del PP para relajar la protección del lobo con el apoyo del PNV
Para relajar esta protección, el Partido Popular propone modificar el Real Decreto que desarrolla el LESPRE con objeto de limitar la prohibición de su caza exclusivamente en las regiones al sur del Duero.