Una maleta en medio del salón simboliza la cuenta de atrás de Fernando Encinar y su familia. "Tengo esta maleta aquí para recordarme que a lo mejor mañana me echan", explica el afectado. Llevan diez años viviendo en esta casa, que pertenecía a la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid. De la noche a la mañana el Ayuntamiento las vendió a un fondo buitre.

"Nos vendieron en paquete con los vecinos dentro de las viviendas" cuenta Fernando. Ese nuevo casero no le renovó el contrato porque Fernando, en paro y casi sin recursos, adeudaba los últimos meses de alquiler. Mañana, él, su mujer y su hija de tan solo tres años podrían quedarse sin casa.

Jimena Camino enseña el burofax que le envió Fidere diciendo que le desahuciaba. A ella le llamaron para contarle que las nuevas condiciones de su contrato de alquiler cambiaban. Pagaba 480 euros al mes, son cinco en casa y solo tienen su sueldo.

Jimena cuenta que "ante mi negativa de ceder, me dijeron que me desahucian". En su situación se encuentran más de 1.800 familias que han visto cómo su vivienda protegida pasaba de manos del Ayuntamiento a manos privadas.

"¿Qué hago más? Si mi salario no se adecua al mercado de vivienda, ni tengo avales ni tengo patrimonio alguno", a lo que añade: "quiero dignidad". Y eso buscan recuperar con la querella criminal que han interpuesto. Fernando, mientras, sale de casa sin saber si será una de las últimas veces que podrá volver a entra.