Antonio Ojeda Bordón, 'El Rubio', sale este lunes de prisión tras cumplir una condena de cinco años por abusos sexuales a un niño de nueve años en 2012 en Vecindario, Gran Canaria.
Para la familia sigue siendo el principal sospechoso de la desaparición deYéremi Vargas. La casualidad ha querido que precisamente su puesta en libertad coincida en el dia anterior a que se cumplan trece años de la desaparición del pequeño de 7 años, cuya pista se perdió cuando jugaba en un descampado cerca de su casa en la localidad de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).
Además, esta semana también se cumplen dos años desde que la Audiencia de Las Palmas confirmase el archivo de la investigación abierta contra 'El Rubio', en relación a la desaparición del niño, al no observar indicios que lo incriminasen.
A pesar de que el niño despareció en 2007, no fue hasta el 1 de junio de 2016 cuando la Guardia Civil localizó Antonio Ojeda, en prisión en Algeciras (Cádiz) desde 2015 por abusar sexualmente de otro menor. A finales de ese mes, el sospechoso fue trasladado hasta la cárcel de Juan Grande, al sur de la isla, compareciendo ante el juez el día 13 de julio, aunque se negó a declarar y a ofrecer muestras de ADN.
Durante el mes de septiembre un compañero de celda de 'El Rubio' dijo que le había contado cómo un vecino acabó con la vida del menor y quemó su cuerpo, algo que el acusado niega.
A finales de 2016, Antonio Ojeda fue condenado a cinco años de prisión por una agresión a otro menor que jugaba en una calle de El Doctoral en el año 2012. En ese momento, otro compañero de prisión contó que tras conocer esta sentencia, se hundió y dijo que el caso de Yéremi "se le había ido de las manos" y que tuvo que "desaparecerlo".
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, que se ocupaba del caso desde el día de la desaparición del pequeño, finalmente consideró que no existían pruebas ni indicios sólidos que incriminasen a 'El Rubio' en el caso de Yéremi, archivando las diligencias abiertas contra él, decisión que fue ratificada en marzo de 2018 por la Audiencia de Las Palmas.
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