Sanidad pública y gratuita
El Gobierno vuelve a incluir en la sanidad pública y gratuita a las personas en situación irregular
El contexto En 2018, el Gobierno de Sánchez recuperó la universalidad del acceso sanitario para todos los residentes en España. No obstante, dejó pendiente un vacío que ha dejado a miles de migrantes sin papeles se quedasen sin asistencia pública.

Resumen IA supervisado
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que garantiza el derecho efectivo a la sanidad para todas las personas en España, cerrando una brecha abierta en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que dejó a miles de personas fuera del sistema sanitario. La nueva norma, impulsada por el Ministerio de Sanidad, introduce la declaración responsable para simplificar el acceso al sistema y permite que la atención sanitaria se inicie desde la solicitud. Además, amplía las formas de demostrar la residencia en España y ofrece protección reforzada a colectivos vulnerables, como menores, embarazadas y víctimas de violencia.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Consejo de Ministros de este martes aprueba un Real Decreto que garantiza que el derecho a la sanidad en España sea real y efectivo para todas las personas que viven en nuestro país. Según confirman fuentes del Ministerio de Sanidad a laSexta, esta nueva norma cierra una "brecha abierta" en 2012, un vacío que ha durado 14 años y que ahora acaba para miles de migrantes indocumentados.
En el año 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy recortó la universalidad de la sanidad pública y dejó a miles de personas fuera del sistema sanitario. En 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, se recuperó aunque no de forma completa al existir obstáculos administrativos que generaban situaciones de exclusión.
La norma incluye la figura de la declaración responsable, un mecanismo que permite a la persona solicitante declarar de forma sencilla que cumple los requisitos para acceder al sistema sanitario, algo que permite reducir los trámites y facilitar el reconocimiento del derecho.
Esta norma garantizará la atención sanitaria desde el momento en que se solicita, pudiéndose recibir desde el momento en que se presenta la solicitud para el reconocimiento del derecho.
La norma amplía las formas de demostrar que una persona vive en nuestro país y ya no dependerá exclusivamente del padrón: también podrán utilizarse documentos cotidianos como facturas de suministros, certificados de centros educativos, informes de trabajadores sociales o documentación consular.
Ahora, el paciente podrá iniciar esta solicitud en el propio centro sanitario, incluso podrá iniciarse de oficio si la persona no está en condiciones de hacerlo. También se dará protección reforzada para colectivos especialmente vulnerables, colectivos que no tendrán que acreditar estos requisitos, como menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de protección internacional o víctimas de trata y de violencias sexuales.
"La salud no entiende de trámites", defienden desde el Ministerio de Sanidad, que explican que esta norma convierte el derecho a la sanidad pública "en la opción por defecto" y evita a los pacientes depender de trámites complejos o interpretaciones administrativas.
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