Esta semana el proyecto de ley de eutanasia llega al Congreso de los Diputados en un pleno extraordinario que se dedicará íntegramente a debatir el contenido de esta ley y tendrá lugar el jueves. La despenalización de la eutanasia entra en una fase decisiva después de más de tres décadas de debate en España. Un debate que se ha producido en torno a una serie de nombres clave, los que han puesto encima de la mesa la muerte digna: de Ramón Sampedro, a Ángel Hernández.

Ramón Sampedro, nacido el 5 de enero de 1943, se quedó parapléjico con tan solo 25 años, después de una fractura cervical que lo dejó tetrapléjico al lanzarse al mar. El marinero gallego vivió durante treinta años sin poder moverse, postrado en la cama y requiriendo atención para todas sus necesidades.

En los treinta años que pasó desde el accidente hasta su fallecimiento, requirió en numerosas ocasiones que las autoridades le permitiesen lo que él no podía hacer: quitarse la vida. Sin embargo, en todas las ocasiones los juzgados se lo impidieron. Él hablaba del derecho de cada persona a hacer su vida a propia voluntad, pero que en su caso estaba incapacitado para el suicidio.

"Una muerte deseada para librase del dolor es un bien"

"El derecho de nacer parte de una verdad: el derecho de placer. El derecho de morir parte de otra verdad: el deseo de no sufrir. La razón ética pone el bien o el mal en cada uno de los actos. Un hijo concebido contra la voluntad de la mujer es un crimen. Una muerte contra la voluntad de la persona también. Pero un hijo deseado y concebido por amor es, obviamente, un bien. Una muerte deseada para liberarse de un dolor irremediable, también", explicó el propio Sampedro.

Cansado de vivir, Sampedro ideó un plan con el que librar a su grupo de amigos de las consecuencias de ayudarlo a quitarse la vida. Once personas llevaron a cabo once acciones. Ninguna de ellas era un delito en sí mismo, evitando así posibles consecuencias legales para sus ayudantes.

Cada uno con una llave, uno compraría cianuro; otro analizaría la proporción; un tercero lo mediría; el cuarto lo pondría en el sitio de recogida para el quinto; el sexto prepararía la mezcla, que el séptimo vertería en un vaso. El octavo colocaría una pajita, el noveno pondría el agua a su alcance. El siguiente recogería una carta de despedidas en tanto que el último se dedicaría a grabar los instantes finales de Sampedro.

"Si la eutanasia hubiera sido legal, Ramón se habría ahorrado la chapuza de su muerte", explicó en una entrevista en 'El Mundo' Ramona Maneiro, la mujer de Boiro (A Coruña) que ayudó a su entonces pareja, Sampedro, a quitarse la vida en 1998.

"Yo le di aquello pensando que se dormiría, que se tomaba el brebaje y se quedaba dormidito. Yo le guiñaba el ojo, le hacía gestos... Hasta que le entró la cosa esa del calor. Empezó con las convulsiones y no se dormía. Yo no soporté aquello. Me agaché por el suelo con mi vestido de terciopelo granate y me fui al baño", explicó Ramona, durante años símbolo de la lucha por la eutanasia en España.

El caso de Ángel Hernández

El otro referente en la lucha a favor de la despenalización de la eutanasia es Ángel Hernández, detenido en Madrid en abril de 2019 por practicar en su casa un suicidio asistido, el de su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple desde hacía tres décadas.

Hernández reconoció a la policía que había suministrado una sustancia a su esposa para que muriera, siguiendo sus deseos. Carrasco había expresado a su marido "muchas veces" su deseo de morir; desde que le diagnosticaron la enfermedad con 32 años dependía de los cuidados de su pareja, que le daba morfina para calmar los dolores.

El matrimonio lo grabó en video. Querían llamar la atención a los legisladores, para que evolucionen hacia posiciones menos contrarias a la eutanasia y evitar que alguien que lo necesite tenga que transitar por los mismos caminos que ellos. La Fiscalía ha pedido seis meses de cárcel para Ángel Hernández por el homicidio de su mujer aunque ya ha adelantado que no se opondrá si el hombre pide el indulto.

La petición llega después de que la juez de Violencia sobre la Mujer número 5 haya concluido la causa. En este caso, la Fiscalía de Madrid se opuso a que la causa encajara en un delito machista al no existir un contexto de "dominación y discriminación" del hombre sobre la mujer.