El organizador de la Loveparade celebrada en 2010 en la ciudad de Duisburgo, oeste de Alemania, admitió su "responsabilidad moral" sobre la tragedia ocurrida en esa fiesta, en la que 21 personas murieron atrapadas entre la multitud.
"Está claro que acepto la responsabilidad moral por lo ocurrido", afirmó Rainer Schaller, jefe de la empresa Lopavent, quien declaró en calidad de testigo en el juicio que se celebra en Düsseldorf contra los diez presuntos responsables de los errores o negligencias que precipitaron la tragedia.
Schalle mostró su confianza en que el proceso ayude a esclarecer lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. El juicio arrancó y entre los diez acusados hay cuatro empleados de la administración pública de Duisburgo y seis de Lopavent, pero no el entonces alcalde, Adolf Sauerland, ni Schaller, aunque ambos han sido citados como testigos.
Sauerland aseguró ante el tribunal que no participó en el proceso de autorización del evento, sino que simplemente "trasladó" a su consistorio la iniciativa para celebrar en la ciudad esta fiesta, a lo que siguió su aprobación por mayoría.
Sauerland, de la Unión Cristianodemócrata (CDU), dejó la alcaldía en 2012, tras una la consulta entre los ciudadanos que se saldó a favor de su relevo en el cargo por considerársele políticamente responsable de lo ocurrido.
Un total de 21 jóvenes de distintas nacionalidades, entre ellos, las españolas Clara Zapater y Marta Acosta, ambas de 22 años, murieron y otros 650 resultaron heridos al desatarse el pánico entre la multitud atrapada en el único túnel de acceso.
El juicio se celebra en el pabellón de congresos de la vecina ciudad de Düsseldorf por razones de seguridad y también de aforo. En el proceso intervienen, además de la Fiscalía, los 60 representantes de la acusación particular, así como los de los procesados, con 32 abogados, más intérpretes en distintos idiomas.
A los diez acusados se les imputa homicidio por negligencia por las víctimas mortales de edades entre 17 y 28 años y procedentes de Alemania, España, Holanda, Italia, China y Australia-, así como lesiones graves por las 652 personas que resultaron heridas.
El proceso arrancó siete años después de la tragedia, tras recurrir la Fiscalía y los familiares contra la primera negativa a celebrarlo de la Audiencia de Duisburgo, que había escuchado las declaraciones de más de 3.000 testigos y acordó no abrir juicio alegando falta de solidez en el informe de la acusación fiscal.
Al temor de que pueda llegarse tarde para una primera sentencia, en julio de 2020 se cumplirán diez años de la tragedia y prescribirían los cargos- se unió la decepción por no tener entre los procesados a Schaller y Sauerland.
La acusación de la Fiscalía abarca 556 páginas, centradas en la planificación y el discurrir de una fiesta a la que, cuando estalló el pánico, habían llegado entre 120.000 y 150.000 jóvenes, del medio millón que esperaban los organizadores.
La rampa de acceso al recinto y el túnel que servía de entrada y salida a éste, de 400 metros de largo y dividido en dos tramos, no era suficiente para ese caudal humano y a ello se unió un cruce de medidas contradictorias entre policía y organizadores.