Juana Rivas ha presentado en los juzgados de Granada una nueva denuncia contra su exmarido, Francesco Arcuri, por los presuntos delitos de violencia doméstica, lesiones y amenazas de muerte a sus dos hijos, de 13 y 5 años, y ha solicitado medidas cautelares para que los niños no estén con su padre.
La denuncia, fechada el 22 de julio y a la que ha tenido acceso Efe, está firmada por Carlos Aránguez, responsable del equipo jurídico que representa a Rivas, y reclama "la urgente adopción de medidas penales y civiles de protección de los menores" antes del 14 de agosto, día en el que regresarán a Italia con su progenitor, y la remisión de la denuncia al órgano judicial italiano competente.
La custodia de los hijos pertenece al padre en virtud de una sentencia no firme dictada el 20 de marzo por el Tribunal Ordinario de Cagliari (Italia), de ahí que residan con él en Cerdeña, aunque desde el 9 de junio están de vacaciones con su madre. La denuncia, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, expone que, tras llegar a España, los niños presentaron "trastornos de sueño y crisis puntuales de ansiedad" y contaron que "seguían sufriendo maltrato, incluidas amenazas de muerte por parte de su padre".
Rivas llevó a sus hijos al centro de salud de Maracena (Granada) el 19 de junio y la unidad de Salud Mental emitió un informe que "plasma la situación de vulnerabilidad y riesgo para la integridad física y psicológica de los menores". Estos hechos ya están siendo investigados en Italia y Rivas, que interpuso seis denuncias contra su expareja entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, está ahora pendiente de que el Tribunal de Cagliari acuerde el inicio de una causa penal o el archivo definitivo.
Todos los hechos "dibujan una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo" para los menores", reitera la denuncia, por lo que Rivas y sus abogados solicitan una orden de alejamiento e incomunicación de Arcuri respecto de sus hijos y la suspensión cautelar de su patria potestad y custodia, ya sea concediendo la guardia provisional a la madre, la abuela materna o la Administración.
Rivas recurrió el pasado mayo ante el Tribunal Supremo la sentencia que la condena a cinco años de prisión y seis sin la patria potestad por sustracción de menores, después de que en verano de 2017 permaneciera un mes en paradero desconocido con sus hijos incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre.
