Yolanda vive un infierno desde que, hace dos años, descolgó el teléfono y encontró a una empresa que no iba a parar de llamarla para reclamar una deuda. Ahora, ha conseguido sentarla en el banquillo.

Esta empresa, DPS Consulting, fue la encargada de reclamar el cobro. Los dos máximos responsables de la empresa de recobro y la trabajadora que realizó una llamada grabada por Yolanda han dado sus explicaciones ante la justicia.

En su momento, llegaron a simular ser funcionarios judiciales y amenazaron con bloquear las cuentas de la mujer para aterrorizarla, cuando estaba en situación de vulnerabilidad, en paro y tenía a su cargo dos menores.

En la llamada, decían que si no pagaba 2.000 euros de recibos, la dejarían sin suministros y sin dinero en la cuenta, una llamada que Yolanda grabó. Lo cierto es que la ley catalana de Pobreza Energética recoge que deben garantizarse los suministros básicos.

David Aranda, abogado del caso, solicita una pena de cuatro años y nueve meses de prisión en grado de tentativa, un delito de usurpación y otro de coacciones. La OCU recalca que sobrepasa el límite legal para reclamar una deuda, pero las asociaciones lamentan que el de Yolanda no es el único caso, aunque sí que sea el último.