Los vecinos de Topares, en Almería, están dispuestos a llegar hasta donde haga falta para recuperar lo que consideran suyo: unos locales que aseguran haber pagado de su bolsillo y que la Iglesia ha puesto a su nombre. El Obispado, por su parte, sostiene que le pertenecen.

Los inicios del conflicto se remontan a hace 64 años, cuando esta localidad andaluza erigió junto a su iglesia varios locales que han servido durante años para reunir a los vecinos y que fueron construidos conjuntamente con la hermandad del pueblo.

En uno de esos locales había un bar, pero cuando el establecimiento cambió de manos, la Iglesia reclamó las llaves. Argumentaba que "era de ellos" y que los vecinos no podían hacer uso de un salón que no era suyo, según denuncia el alcalde pedáneo, Pedro Pérez-Hita, que defiende que el pueblo fue quien puso el dinero y la mano de obra. "Hasta que te encuentras una mañana que no es nuestro", resume.

Al consultar el registro, los vecinos se dieron cuenta de que "se lo habían inmatriculado ellos", según relata Alfonso Serrano, presidente de la Hermandad de Ánimas de Topares.

Los locales que la hermandad había construido fueron registrados a nombre de la Iglesia en 2008 y 2014. Sin embargo, el Obispado defiende en un comunicado que esos salones parroquiales son suyos y que "así consta en el catastro, al menos desde 1993, y en el registro de la propiedad". Además, afirma tener "un documento firmado por un representante" de la hermandad "que así lo reconoce expresamente".

Entrevistado en Más Vale Tarde, Serrano respondía así al vicario: "Este señor vicario, que tanto se jactará de ser religioso, ¿cómo se puede mentir? Si es de 2014, no mienta usted", ha aseverado.

Tal es el malestar de los vecinos que hasta han dejado de ir a misa: afirman que se sienten mal en la iglesia y cuentan que algunos han optado por ir a otro pueblo cercano para los servicios religiosos.

Ahora, tanto la anterior encargada del bar del pueblo como el presidente de la hermandad están llamados a declarar el próximo 2 de febrero, acusados de usurpar esos locales, aunque el vicario de la diócesis de Almería sostiene que los contratos no son legales porque la entidad tampoco lo es. Afirma que quiere mantener la actividad en ellos, pero regularizándolos, convencido de que la Iglesia tiene la razón.

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