Más de 100 activistas de Greenpeace se encuentran en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), para pintar un enorme punto negro en la fachada del hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones construido por Azata, para exigir su desmantelamiento inmediato.
La organización ecologista ha informado de que se trata de la sexta acción que lleva a cabo en estas instalaciones así como que es en la que más activistas han participado en la historia de Greenpeace en España, para reclamar a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente que devuelvan este paraje natural a los ciudadanos.
"Algarrobico punto negro de la costa" y "Demolición ¡YA!" son algunas de las consignas que se leen en las pancartas de los ecologistas que participan en esta iniciativa contra el que "se ha convertido en el mayor punto negro del litoral español".
Greenpeace ha indicado que el hotel de El Algarrobico "es un ejemplo reconocido internacionalmente de la impunidad con la que se ha actuado en la costa del país en los últimos años, donde aún se pretende hacer prevalecer la normativa urbanística sobre la ambiental".
Este colectivo ha reclamado que se proceda a la demolición inmediata del inmueble y se inicie la recuperación de la zona, sin que la "maraña judicial que se ha creado" sirva como "escudo" a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Medio Ambiente.
En este sentido, Greenpeace ha exigido al Gobierno andaluz que como "primer movimiento" ejerza su derecho de retracto sobre los terrenos, y que el Ministerio de Medio Ambiente aplique a continuación la Ley de Costas y la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para ordenar el desmantelamiento del hotel y la restauración de la playa a continuación.
Los ecologistas han instado además a ejecutar en protocolo de colaboración firmado entre ambas administraciones para la consecución de este objetivo. Greenpeace se ha referido además a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declara urbanizable el suelo sobre el que se asienta el hotel, y que así estaba calificado en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de Cabo de Gata de 1994, que "no hace más que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley".
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