La defensa de Ana Julia Quezada, la autora confesa del asesinato del niño de ocho años Gabriel Cruz el 27 de febrero del pasado año en Níjar (Almería), considera a la acusada como responsable de un homicidio por imprudencia grave, por lo que solicita para ella un máximo de tres años de prisión en lugar de la prisión permanente revisable que reclaman, por su parte, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por los padres del pequeño.
Así consta en el escrito
de defensa que los abogados Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez han
aportado al procedimiento tras conocerse que la Audiencia Provincial de Almería
rechazó su recurso para evitar que la encausada se enfrentara a un tribunal de
jurado.
La representación de Ana
Julia Quezada enmarca la muerte del menor en el resultado de una disputa y se
aleja del crimen planificado que sostienen las acusaciones, de manera que
incluso solicita que se le aplique la atenuante de confesión tardía.
En concreto, sostiene
que la mujer salió sobre las 15:50 horas desde Las Hortichuelas hacia el
cortijo de Rodalquilar para pintar la casa cuando se encontró con Gabriel,
quien unos diez minutos antes había salido para dirigirse a casa de unos primos
a jugar, pero quien aún estaba "haciendo tiempo" porque era "muy
pronto" en el corto camino de tierra que separaba las viviendas.
Según su versión,
sugirió al menor que la acompañara al cortijo a pintar, de modo que posteriormente
le llevaría de nuevo a Las Hortichuelas para que jugara, a lo que el pequeño
habría accedido, subiéndose al vehículo para ir a la citada pedanía, ubicada a
unos cinco kilómetros de distancia.
Una vez en el inmueble,
la defensa apunta que mientras que Ana Julia abría las ventanas para airear el
cortijo, el niño habría cogido "un hacha para jugar", por lo que la
acusada le habría pedido que la "soltara" pues "era peligroso y
podía hacerse daño".
A partir de ahí, el
relato planteado por la defensa incide en que la víctima "entró en la
vivienda y le dijo que se callara, que siempre le estaba diciendo lo que tenía
que hacer; que quería que su padre estuviera con su madre y no con ella, que
era una negra fea; insultándole y negándose a entregarle el hacha".
Con esto, la
representación de la acusada apunta que Ana Julia "intentaba quitarle el
hacha, llegando a taparle la boca para que no profiriera más insultos,
apretándola con la intención de que se callara" de modo que "tras
breves momentos, ya no respiraba".
Incide así la defensa en
que la acusada fue "presa del pánico" al comprobar que el menor había
fallecido, por lo que se quedó "bloqueada y sin saber qué hacer" así
como "incapaz de asumir las consecuencias de lo que había ocurrido".
No obstante, optó por
sacar el cuerpo de la vivienda, hacer un agujero en el exterior y enterrarlo
junto a un aljibe "a fin de ocultar el trágico resultado". No
obstante, el escrito de defensa no hace referencia a los hematomas que
presentaba el cuerpo del menor y que fueron destacados en el informe forense
como previos a la muerte del pequeño.
La desaparición de
Gabriel Cruz durante el puente del Día de Andalucía, que el niño pasaba en casa
de su abuela paterna, originó un gran operativo de búsqueda en Níjar, mediante
equipos profesionales y voluntarios, que se siguió durante once días hasta que
su cuerpo fue encontrado en el maletero del coche que conducía la acusada,
quien se dirigía a su vivienda de Vícar (Almería).
Según la defensa, Ana
Julia fue "incapaz de afrontar lo acontecido" y "sin saber cómo
explicarlo a su pareja, ante la desmedida repercusión mediática, continuó
ocultando lo acontecido hasta su detención", según la versión dada por sus
letrados.
El relato de la defensa
no hace referencias tampoco al supuesto hallazo por parte de Ana Julia Quezada de la camiseta que portaba Gabriel el día de su desaparición en un cañaveral
cercano a la vivienda de su expareja, lo que a juicio de las acusaciones supuso
una acción encaminada a involucrar al hombre.
Con esto, considera que
los hechos descritos son constitutivos de un delito de homicidio por
imprudencia grave o, de manera subsidiaria, de un delito de homicidio por el
que estima un máximo de diez años de cárcel. Cabe recordar que la Fiscalía,
además del delito de asesinato, imputa a Ana Julia Quezada dos delitos de daños
psíquicos a Angel Cruz y Patricia Ramírez, por los que interesa cinco años más
de prisión por cada uno de ellos hasta un total de diez.
Sobre este aspecto, la
fiscal alude a la aptitud mantenida por la acusada durante el periodo de
búsqueda del menor, de "aflicción, compungida y apesadumbrada,
involucrándose en las batidas de búsqueda en una clara actitud de simulación,
fingimiento y farsa, pública y notoria con absoluta frialdad de ánimo",
todo ello destinado a disipar cualquier duda o sospecha sobre su implicación en
la desaparición del menor.