Barcelona ha comenzado a multar a las inmobiliarias que desahucian familias sin ofrecerles un alquiler social. Además, la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucero) ha localizado un caso grave de infravivienda, en el que la empresa alquilaba partes de 15 metros cuadrados de una finca a una decena de familias, sin cumplir las condiciones de habitabilidad, lo que puede conllevar una multa de hasta 900.000 euros.
El ayuntamiento ha iniciado un expediente para declarar la situación de infravivienda y prohibir este uso en la finca. Esta es una de las primeras acciones de disciplina que impulsa la concejalía de Vivienda en este mandato.
Las dos inmobiliarias han sido sancionadas por incumplir la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, ley que obliga a las sociedades y entidades a ofrecer la posibilidad de un alquiler social a las familias que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o las cuotas de alquiler.
En el primero de los casos, se trata de una compartimentación de una vivienda unifamiliar, en múltiples infraviviendas ilegales que no cumplen ningún requisito de la normativa de habitabilidad vigente. En un edificio situado en el barrio de Vilapiscina y Torre Llobeta y a partir de una inspección de técnicos municipales, se constató que el local no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.
La finca está dividida en diferentes espacios de unos 15 metros cuadrados que funcionan de manera independiente cada uno de ellos como una única vivienda, pequeños espacios que incorporan aseo, cocina, ducha y en algunos casos se han ubicado en patios interiores, o en la azotea con volúmenes añadidos con muros simples de fábrica o de ladrillo, con techos de cubierta plana.
Los inspectores encontraron dos contadores de electricidad, uno para un local situado en la planta baja, y otro para el resto de los espacios, los cables ascienden a los pisos superiores por los mismos lugares que las instalaciones de agua. En estos espacios malviven un total de unos 10 ocupantes, que pagarían alquileres de entre 400 y 500 euros mensuales cada uno de ellos.
En los dos primeros expedientes sancionadores por no ofrecer alquiler social que ha incoado el Ayuntamiento de Barcelona, los infractores son personas jurídicas que tienen consideración de grandes tenedores de vivienda, tal como los define la ley, e interpusieron procedimientos judiciales de desahucio por impago del alquiler sin haber requerido previamente información a los afectados y sin haber comunicado ninguna oferta de alquiler social ni a los afectados ni al Ayuntamiento.