La Policía Nacional ha detenido en un municipio de Cáceres a dos líderes de una "secta destructiva" que mantenía un discurso de odio hacia la homosexualidad, a la que tachaban de enfermedad, y para la que proponían, como terapia, mantener relaciones sexuales obligadas con la líder del grupo.

Según ha informado la Policía en un comunicado este sábado, el pasado día 16 de diciembre agentes de este cuerpo y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detuvieron a un psicólogo y su mujer, quienes dirigían esta sociedad.

Se les acusa de su presunta participación en delitos contra la salud pública, lesiones, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores, intrusismo profesional, coacciones, contra la integridad moral, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Los detenidos, al amparo de la titulación de Psicología de uno de ellos, realizaban distintas "pseudo psicoterapias" en establecimientos que no tenían ninguna clase de habilitación sanitaria ni autorización administrativa para ello. En sus sesiones utilizaban técnicas de manipulación coercitiva, con las que lograban "sucumbir" la voluntad de sus adeptos, cuya salud física y psíquica ponían en riesgo al convencerles, en muchas ocasiones, de que abandonaran las terapias médicas convencionales avaladas por la evidencia científica, lo que también suponía un fraude económico.

De manera habitual, los detenidos facilitaban a sus seguidores "distinta clase de estupefacientes y psicoactivos" durante sus sesiones para inducir "estados específicos de consciencia que llevan a la introyección de las normas de comportamiento social e individual esperados". Los detenidos mantenían un discurso de odio respecto a la homosexualidad y alegaban que se trataba de una enfermedad que se podía revertir.

La "curación" consistía en la abstinencia y en mantener relaciones sexuales obligadas con la líder de la secta, principios avalados por el psicólogo del grupo, que consentía estas relaciones sexuales con su mujer.

Los detenidos llevaban más de 20 años desarrollando estas actividades y habían llegado a reunir a aglutinar a más de 50 personas, a las que aislaban de su entorno familiar, social y profesional.

Instaban a sus seguidores a dedicarse a las funciones que les fueran encomendadas dentro del grupo, a seguir sus directrices y someterse a un "control total" hasta el extremo de no tener capacidad para discernir en qué lugar residir, qué estudios cursar o con quién contraer matrimonio.

Ambos se enriquecían a través de estas prácticas ilegales con constantes demandas económicas, por las cuales los adeptos no recibían ningún tipo de factura ni justificante de pago. Además de las detenciones, se han practicado dos registros, uno en el domicilio de los detenidos en una amplia finca de un municipio cacereño y otro en un local en Madrid, donde realizaban terapias un día a la semana.

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