Con los presupuestos prorrogados desde hace dos años, la Ley de Dependencia sigue paralizada. "En este momento hay 257.000 personas que están en el limbo de la dependencia. Personas que se les ha reconocido el derecho a recibir una prestación o un servicio y no lo reciben", denuncia José Manuel Ramírez, presidente de la 'Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales'.
Según los últimos datos del Imserso, septiembre cerró con casi 150.000 personas que esperan una valoración de su grado de dependencia, el paso previo a recibir la prestación. Los directores y gerentes del servicio piden urgente financiación porque cada día mueren 80 personas esperando la ayuda.
Pablo A. Barredo, presidente de la Fundación 'Diario de un cuidador' afirma que "en 2016 fueron casi 41.000 personas las que murieron esperando a recibir la prestación y se estima que en 2019 las cifras sean de unos 30.000 fallecidos".
Si no reciben ningún tipo de prestación, las familias son las que tienen que hacerse cargo de estos costes tan elevados. "En el caso del Alzheimer nos encontramos con un coste anual añadido de 30.000 euros", manifesta Pablo A. Barredo.
Como adelanto de sus medidas electorales, Pedro Sánchez ya ha anunciado su intención de reducir en un 75% las listas de espera en dependencia. Según José Manuel Ramírez, "eso significa, en términos de dinero, que habría que aportar 1.500 millones de euros al sistema para reducir esa lista de espera en 190.000 personas".
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios sociales el Gobierno no ha hecho bien las cuentas porque esa cantidad necesaria es casi el triple del aumento de financiación que el PSOE contempló en los Presupuestos que pactó con Podemos y que fueron rechazados en el Congreso.
Además, desde la asociación temen que de esos 4.000 millones que el Gobierno ha desbloqueado para las Comunidades Autónomas, la dependencia vuelva a ser la gran olvidada y no reciba financiación.
