En la mañana del 26 de abril de 2018, la Audiencia Provincial de Navarra dictó la sentencia contra los miembros de 'La Manada' (José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza), cinco meses después del comienzo del juicio en el que estaban acusados de cometer la violación múltiple a una joven en los Sanfermines de 2016. Fueron condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento. Los jueces no contemplaron el delito de agresión sexual, por lo que evitaron penas de cárcel superiores a 20 años, como pedía la acusación. Uno de los magistrados, Ricardo González, incluso emitió un voto particular donde pedía la absolución de los agresores, a excepción de Antonio Manuel Guerrero, al que solo consideraba culpable del hurto del móvil de la víctima.
La reacción popular de indignación contra la sentencia fue instantánea y poderosa. Organizaciones y colectivos feministas presentes en el exterior de la Audiencia Provincial en Pamplona manifestaron su descontento, llegando a romper el cordón policial establecido por la policía foral. Cientos de manifestaciones y concentraciones se sucedieron el 26 de abril y los siguientes días, en toda España, así como en otros países de Europa, clamando contra unas penas que consideraban cortas e injustas. Los programas de laSexta efectuaron un intenso seguimiento de las reacciones a la sentencia, con un gran despliegue de periodistas presentes en Pamplona y en el resto de los puntos de España en los que se expresaba la indignación.
A pesar de alguna declaración polémica, como la del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, que consideraba alta la condena de nueve años, las reacciones políticas fueron prácticamente unánimes, con representantes de izquierda y derecha expresando su preocupación por una sentencia injusta. Incluso el PP al frente del Gobierno se planteó la necesidad de una modificación legal que diera más seguridad y protección a las mujeres. La sentencia de la Manada fue uno de los gérmenes de la futura ley de garantía integral de la libertad sexual, popularmente conocida como ley del 'solo sí es sí'.
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