La joven de 23 años que presuntamente fue agredida sexualmente por Dani Alves en los baños de una discoteca de Barcelona durante la noche del pasado 30 de diciembre ha renunciado a ser indemnizada por el futbolista por lesiones y daños morales. El periodista Carlos Quílez ha señalado al respecto que "la juez le planteó la posibilidad que tiene de requerir en un momento dado del proceso una indemnización, y ella explícitamente ha dicho que no".
Mientras tanto, el equipo legal de Dani Alves prepara un recurso inminente para pedir su excarcelación. El futbolista ingresó el viernes en la cárcel de Brians 1, donde, según fuentes penitenciarias, comparte celda con un preso de confianza para no alterar la calma del resto de reclusos.
La joven de 23 años denunció a Alves por lo ocurrido el 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. "Ella habla de agresión, de bofetadas por parte de él, de que la obliga a hacerle una felación, ella se resiste, después la golpea y después la penetra. Incluso ella especifica que su agresor llega a eyacular", ha indicado Quílez.
Uno de los motivos por los que la jueza decretó prisión preventiva sin fianza para el exjugador del Barça es porque cambió hasta en tres ocasiones su versión de los hechos. "Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco", aseguró en el programa 'Y ahora Sonsoles' el pasado 5 de enero. Así, primer dijo que no la conocía, después que la había visto y, por último, que ella se había abalanzado sobre él.
Otro motivo es porque reside en México, por lo que existe "riesgo de fuga", y otro de los motivos por los que se decretó prisión fue por "la presencia de restos biológicos, de semen, en el lugar", ha subrayado el periodista de investigación. Además, tiene un elevado nivel económico, y doble nacionalidad, española y brasileña. En este sentido, cabe destacar que Brasil no tiene convenio de extradición con España.
Su equipo, el Pumas, rescindió su contrato cuando entró en prisión, donde permanecerá por el momento. El futbolista podría enfrentarse a penas de entre cuatro y 12 años de prisión por agresión sexual.