Los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera y los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, condenados por el caso de los ERE, sabrán este viernes si ingresan en prisión.

La Fiscalía Anticorrupción así lo ha solicitado en la vistilla celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Sevilla; quiere que ingresen ya en la cárcel sin esperar a que el Supremo resuelva un previsible recurso. El tribunal ha aplazado a mañana su decisión.

Tanto Antonio Fernández como Francisco Javier Guerrero han sido condenados a 7 años, 11 meses y 1 día de prisión y 19 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, mientras que José Antonio Viera y Juan Márquez fueron condenados por los mismos delitos a 7 años y 1 día de cárcel y 18 años y 1 día de inhabilitación absoluta.

La comparecencia se ha celebrado a puerta cerrada, sin presencia de público ni medios de comunicación, y con la asistencia obligada de los cuatro acusados. El tribunal también ha decidido ampliar de 5 a 40 días hábiles el plazo para preparar el recurso ante el Tribunal Supremo. La Sección ha tomado esta decisión dada la complejidad y la extensión de la sentencia, que tiene un total de 1.821 páginas.

Chaves y Griñán

Manuel Chaves ha sido condenado a nueve años de inhabilitación en el caso de los ERE de Andalucía. La Fiscalía lo acusaba de prevaricación y pedía para él 10 años de inhabilitación. José Antonio Griñán, que lo sucedió en la presidencia de la Junta de Andalucía, ha sido condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Chaves ha sido condenado a nueve años de inhabilitación y Girñán, a seis años de cárcel.

Además de los dos expresidentes, se ha enjuiciado a seis exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, y otros 14 ex altos cargos. Gaspar Zarrías, exconsejero de la Presidencia es condenado a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda, ha sido condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

De los 19 condenados, hay nueve que tienen penas de cárcel y uno de los más castigados es el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de 1999 hasta 2008, Francisco Javier Guerrero. Para él, la pena es de casi 8 años de prisión y 19 años y medio de inhabilitación.

Cinco años de instrucción

La sentencia consta de 1.700 folios. Este 'macrojuicio' quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

Todo comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marcará el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado 'fondo de reptiles', de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la jueza María Núñez Bolaños.

Cabe recordar que la instrucción la finalizó en 2016 el juez de refuerzo Alvaro Martín, quien elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo, cuyo magistrado Alberto Jorge Barreiro, instruyó el procedimiento contra los investigados que gozaban de aforamiento al ser diputados en las Cortes, como es el caso de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera.

No obstante la renuncia a sus escaños motivó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Todo ello después de que Barreiro dictara un auto en junio de 2015 en el que concluyó que los expresidentes de la Junta deberían ser juzgados por prevaricación descartando la malversación.

Griñán, en el juicio: "No hubo un gran plan para defraudar, pero sí hubo un gran fraude".

De hecho, en abril de 2015, el ya expresidente de la Junta de Andalucía y entonces senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó al término de su declaración judicial por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo "un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude" y eso significa que "alguno de los controles pudo fallar".

Por otro lado, según han confirmado fuentes judiciales, con total seguridad esta sentencia acabará en el Tribunal Supremo, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que "le llevará años".

Durante el juicio, tras la declaración de los 22 acusados -concluyeron en abril-, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral.