SEGÚN ASEGURAN FUENTES JURÍDICAS

El Supremo puede decidir en septiembre si investiga a Casado por el caso del máster

La decisión del Tribunal Supremo sobre si investiga al líder del PP, Pablo Casado, por losdelitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio por el caso de su máster se prolongará previsiblemente hasta septiembre.

El presidente del PP y diputado por Ávila, Pablo CasadoEl presidente del PP y diputado por Ávila, Pablo CasadoAgencia EFE

Así lo consideran fuentes jurídicas consultadas por Efe, que apuestan a que no será hasta la vuelta de vacaciones cuando la Sala de Admisión del alto tribunal se pronuncie al respecto, una vez haya recibido el preceptivo informe de la Fiscalía.

La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha dado un paso adelante de cara a la posible investigación del líder popular al elevar una exposición razonada al Supremo para que decida si procede o no investigarle por las presuntas irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

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Lo ha hecho al considerar que Casado pudo ser uno de los "alumnos elegidos" a los que le regalaron el título en el curso 2008-2009 debido a "su relevancia política e institucional" -entonces era diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones del PP-.

Una vez llegue esta exposición razonada al Tribunal Supremo, lo primero será pedir un informe a la Fiscalía sobre la competencia del alto tribunal a la hora de investigar la denominada pieza C, relativa al máster del líder del PP y en la que figuran siete imputados.

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Y aunque la denominada Sala de Vacaciones -habilitada para tomar decisiones durante el mes de agosto- tiene competencia para pronunciarse al respecto, las fuentes creen que será la Sala de Admisión la que tome una decisión una vez haya comenzado el año judicial, a partir de septiembre.

Por lo tanto, según las fuentes, no será previsiblemente hasta septiembre cuando se empiece a conocer el horizonte judicial de Casado, a quien la jueza atribuye los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que podrían costarle su carrera política puesto que, en caso de una hipotética condena, contemplan una inhabilitación para cargo público de entre 3 años y medio y 7 años.

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La Sala de Admisión está compuesta por cinco magistrados procedentes de la Sala de lo Penal del alto tribunal que van rotando periódicamente, a excepción del presidente, Manuel Marchena. La composición de esta Sala para aquellos asuntos que lleguen al Supremo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre estará formada, además de por Marchena, por Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Ana María Ferrer y Pablo Llarena, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la publicación del 11 de diciembre de 2017. A partir de esa fecha, algunos miembros de esta sala variarían.