El juez de guardia de la Audiencia Nacional continuó el pasado miércoles con los trámites para embargar los bienes de Iglesias, después de que la imputada no acudiera ese día a la Audiencia Nacional para que se le comunicara en persona el proceso alegando que era un trámite innecesario.

En el escrito en el que la defensa de Iglesias indicaba que el acto de notificación era "repetitivo", también aseguraba que en el plazo de tres días dado por el juez comunicaría un listado de sus bienes. Ese plazo acaba, según fuentes jurídicas, el martes.

Comunique o no los bienes, al día siguiente, miércoles, se ejecutará el embargo, o bien de acuerdo con la lista que presente o bien con la información que tiene la Administración respecto de sus posesiones y que el juzgado ya ha reclamado.

El juez Ruz le impuso el pasado 31 de julio esta fianza millonaria, destinada a afrontar las responsabilidades pecuniarias ante una eventual condena por los delitos que se le imputan en Gürtel -fraude fiscal, cooperación en delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y tentativa de estafa procesal-.

En estos casos, el juzgado da primero un plazo para que el imputado pague la fianza y, de no hacerlo, inicia el embargo y le requiere que señale bienes. Si Iglesias no designa sus bienes, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que se comenzará a embargar el dinero o cuentas corrientes y luego, por este orden, los créditos y títulos, las joyas u objetos de arte, las rentas, los bienes muebles, los inmuebles y el salario.

Ruz ya ha embargado las propiedades de su marido, a quien impuso una fianza civil de 43,2 millones, entre ellas su domicilio familiar en la madrileña calle de Príncipe de Vergara y sus cuentas bancarias en España, en las que acumulaba al menos 700.000 euros.

También embargó a Bárcenas una vivienda unifamiliar en el municipio leridano de Naut Aran, cercano a la estación de esquí de Baqueira Beret, y dos plazas de garaje en esa localidad, propiedades estas que tiene el matrimonio al 50 por ciento y que seguramente ahora se embargarán en su totalidad.

La Fiscalía Anticorrupción pidió a Ruz fijar la fianza civil de Iglesias en 5.975.000 euros, después de que la acusación popular que ejerce la asociación Abogados Demócratas de Europa (Adade) reclamara una caución de 3.058.984 euros.

El juez hizo el cálculo de la fianza civil teniendo en cuenta las cuotas que Iglesias defraudó supuestamente a Hacienda por IRPF en los ejercicios 2002, 2003 y 2006 -4.068.785 euros-, por el delito de falsedad en documento mercantil y estafa en grado de tentativa -63.000 euros- y por el de blanqueo -350.000 euros-, a los que añadió el tercio legal que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.