Crisis migratoria
El CGPJ y el Gobierno niegan que pueda suspenderse el derecho de asilo en Ceuta como reclama Vivas
El contexto Génova se suma a la petición "excepcional" de Juan Jesús Vivas sobre la crisis migratoria, mientras el Ejecutivo y el Poder Judicial recuerdan que España debe respetar la legislación nacional y los tratados internacionales.
Resumen IA supervisado
El Partido Popular apoya la propuesta del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de suspender temporalmente el derecho de asilo en la ciudad autónoma para gestionar la crisis migratoria. La dirección nacional del PP, a través de figuras como Jaime de los Santos y Alma Ezcurra, defiende esta medida, argumentando que no vulneraría la legislación. Sin embargo, Vivas reconoce la necesidad de encontrar una solución legal adecuada. El debate se centra en los límites legales de las devoluciones y en la suspensión del derecho de asilo. El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial insisten en respetar la legalidad y los derechos fundamentales de los migrantes.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Partido Popular se suma a la petición del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para suspender de forma "excepcional" el derecho de asilo en la ciudad autónoma hasta que se resuelva la crisis migratoria y se pueda expulsar a los miles de migrantes que permanecen en sus calles. No obstante, el CGPJ y el Gobierno niegan que pueda suspenderse este derecho como reclama su mandatario.
La propuesta de Vivas ha recibido el respaldo de la dirección nacional del PP. "La petición de Vivas, como no podía ser de otra manera, cuenta con el apoyo del PP a nivel nacional", ha asegurado Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad de la formación. Asimismo, Alma Ezcurra ha defendido la suspensión temporal del derecho de asilo: "Hay que suspender el asilo en Ceuta hasta que se resuelva la crisis".
En la misma línea se ha pronunciado el vicesecretario autonómico del PP, Elías Bendodo, que ha asegurado que respalda las posiciones defendidas por sus compañeros. Desde el partido llegan incluso a sostener que una medida de estas características no vulneraría la legislación.
El propio Juan Jesús Vivas, sin embargo, ha admitido la necesidad de buscar una respuesta jurídica a una situación que considera excepcional. El presidente ceutí ha reclamado nuevas herramientas legales para hacer frente a la crisis: "Tienen que tener una respuesta legal".
Desde el PP argumentan que Marruecos no es un país en el que exista una situación generalizada de refugiados y defienden que una parte de quienes han llegado a Ceuta deberían ser devueltos. Vivas, no obstante, es consciente de que no todas las personas que se lanzan al agua para alcanzar la ciudad autónoma proceden de Marruecos.
El debate se centra ahora en los límites legales de esas devoluciones y en la posibilidad de suspender el derecho a solicitar protección internacional. Frente a la propuesta del PP, el Gobierno insiste en que cualquier actuación debe realizarse dentro del marco legal y respetando los derechos fundamentales de las personas migrantes.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado la complejidad de la situación y la obligación de respetar los procedimientos establecidos: "Desde el respeto a la legalidad y desde el respeto a los procedimientos y a los derechos fundamentales de cada una de ellas, por eso es tan complejo".
Una posición que coincide con la advertencia del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces recuerda que tanto los tratados internacionales suscritos por España como la legislación española reconocen el derecho de las personas a solicitar y recibir protección internacional.