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Muere Maricarmen

El relator de la ONU de Vivienda recuerda que el caso de Maricarmen "no es único" en España: "¿Cuánta rentabilidad compensa tanta crueldad?"

¿Qué ha dicho? Koldo Casla señala que el poder de los derechos humanos "no está en Nueva York o Ginebra", sino que está "en las calles y en las plazas". Pide que se proteja a las personas vulnerables de situaciones como la que vivió Maricarmen "como una medida de emergencia".

Una imagen de Maricarmen tras conocerse su muerte rodeada de velas Una imagen de Maricarmen tras conocerse su muerte rodeada de velasREUTERS/Violeta Santos Moura
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"¿Cuánta rentabilidad compensa tanta crueldad?". Es la pregunta que se hace Koldo Casla, relator de la ONU de Vivienda, al hablar sobre la muerte de Maricarmen y su dramático desahucio. En una entrevista en la 'Cadena SER', Casla habla del "caldo de cultivo" que este caso ha generado para que se dé una "movilización extraordinaria a favor del derecho a la vivienda", algo que es "un ejemplo para muchos otros países".

Casla comenta que el de Maricarmen "no es un caso único" y destaca que su desahucio pone de manifiesto "una carencia que tiene la normativa española que a muchos mecanismos internacionales de derechos humanos le han llamado la atención desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la regulación de los desahucios en la Ley de Enjuiciamiento Civil".

El relator de la ONU apuesta por proteger a personas vulnerables de situaciones de desahucio "como una medida de emergencia", aunque cree que es importante a largo plazo que España "reforme su normativa procesal y también se asegure de que todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos respondan adecuadamente a las personas que corren el riesgo de un desahucio".

"El poder de los derechos humanos no está en Nueva York o Ginebra. Se mide por lo que sucede en las calles y las plazas", afirma Casla, que apuesta por introducir "determinadas normas" para las empresas que quieran dedicarse a la compra y a la gestión de alquileres.

"Durante mucho tiempo ha habido un mercado de alquiler donde la mayor parte de los arrendadores eran empresas y eso es perfectamente compatible con un marco normativo que respete el derecho a la vivienda, siempre que haya un control democrático de su funcionamiento", añade.

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