Reabren el caso del crimen de Meco: la Guardia Civil avanza en una nueva línea de investigación del asesinato de Míriam Vallejo

Han pasado seis años y medio desde el brutal asesinato de Miriam Vallejo Pulido, una joven de 25 años que fue hallada moribunda con 89 puñaladas en un descampado del municipio madrileño de Meco en enero de 2019. Ahora, la Guardia Civil ha anunciado una nueva reconstrucción de los hechos en el lugar donde apareció el cuerpo, con el objetivo de repasar los últimos movimientos de la víctima y explorar líneas de investigación que podrían haberse pasado por alto en su momento.

Fuentes del Instituto Armado confirmaron que esta actuación forma parte de una nueva línea de investigación, desvinculada de los anteriores sospechosos y apuntan a varios autores.

En la recreación, una Guardia Civil se ha hecho pasar por Miriam y ha realizado el recorrido desde la casa de la víctima hasta el lugar donde fue apuñalada. En la misma han participado los investigadores del Grupo de Homicidios, agentes de la Unidad de Laboratorio de la Guardia Civil, drones y guías caninos.

La portavoz de la Guardia Civil, admite que uno de los errores de la investigación fue "empeñarse en demostrar que la coartada de Sergio era falsa", en referencia al entonces principal sospechoso, compañero de piso de la víctima. También reconoce que la presión mediática condicionó parte del proceso.

Además, ha lanzado un mensaje a la familia de la joven para que confíen en los trabajos al ir en "buen camino". "No lo vamos a dejar y no lo vamos a olvidar", ha agregado.

¿Qué pasó con Miriam Vallejo?

El crimen ocurrió la noche del 16 de enero de 2019. Miriam había salido a pasear a sus perros con unos collares luminosos que acababa de comprar, pero nunca volvió. Fue apuñalada hasta en 89 ocasiones, aunque no murió de inmediato. Una pareja la encontró aún con vida, minutos después de que sus agresores huyeran. Sus últimas palabras, según estos testigos, fueron: "¡Dejadme, dejadme!", dirigidas -en plural- a quienes la atacaron.

El ensañamiento en las cuchilladas y la actitud tranquila de los perros, que no ladraron ni se mostraron alterados, apuntan a que la víctima conocía a su agresor o agresores.

Inicialmente, la investigación se centró en Sergio Sáez, con quien Miriam tenía una mala relación. Se sospechaba que ella sabía que él había sido infiel a su amiga Celia. A pesar de su paso por prisión, fue liberado en diciembre de 2019 por falta de pruebas.

En diciembre de 2020, el caso dio un giro inesperado: Alberto Berzosa, un toxicómano residente en Azuqueca, confesó el crimen tras coincidir con Sergio en prisión. Sin embargo, su testimonio no fue suficiente para reabrir la causa de forma definitiva.

Una investigación atascada

El caso, paralizado desde hace dos años, fue archivado tras retirarse la acusación contra el único sospechoso hasta entonces: Sergio, de 29 años, compañero de piso de la víctima junto a su novia, Celia. Los tres convivían en una casa de Villanueva de la Torre (Guadalajara) en el momento del crimen. Sergio fue detenido e ingresó en prisión provisional debido a que su ADN apareció en la ropa de Miriam. Su defensa alegó que esa transferencia biológica pudo producirse a través de la lavadora.

En enero de 2023, la jueza de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares archivó el caso, alegando "fracaso" en la investigación, después de que la Audiencia Provincial le pidiera motivar mejor su decisión de sobreseimiento. La magistrada concluyó que "no existen motivos suficientes para atribuir la autoría del delito a persona determinada", ni para mantener la imputación sobre Sergio ni sobre el segundo sospechoso.

El fiscal, que se sumó al recurso presentado por la acusación particular, argumentó que la falta de motivación impedía a las partes conocer los fundamentos del archivo. Por ello, solicitó una nueva resolución que justificara de forma más sólida la decisión.

Mientras tanto, la defensa de Sergio había anunciado que reclamaría responsabilidad patrimonial al Estado y a varios medios de comunicación, alegando daños al honor y a la imagen del joven. Entre otras cosas, han pedido la devolución de los objetos incautados durante la instrucción, como la ropa, un cuchillo y, sobre todo, un coche que fue llevado por el Servicio de Criminalística y que, según su entorno, "ha quedado destrozado".

"Vamos a por todas. En cuanto nos devuelvan las cosas, pediremos indemnizaciones al amparo del artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", explicaron fuentes jurídicas. La defensa baraja una compensación de al menos 300.000 euros por los cuatro meses de prisión provisional y otros daños colaterales. Entre ellos, el fallecimiento del padre de Sergio, cuyo informe médico vincula el estrés sufrido por la detención de su hijo con la aparición de un cáncer.