La Fiscalía del Tribunal
Supremo presentó la pasada semana un informe en el que pidió el sobreseimiento
provisional de la causa contra la exalcaldesa de Cartagena "al no haber
resultado debidamente justificada" la perpetración de los delitos de
fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de
caudales públicos y cohecho que motivaron la apertura de la causa penal contra
ella.
Pilar Barreiro ha
solicitado la baja en el grupo popular con fecha de este viernes, 23 de marzo,
con el objetivo de "no perjudicar al partido al que siempre he sido
leal", según reza en el comunicado hecho público por la propia Barreiro.
"Esta decisión
obedece a mi intención de no perjudicar al partido al que siempre he sido leal
y por el interés general de los españoles", señala la senadora y
exalcaldesa de Cartagena, que añade que esperará "tranquila" a la
decisión que tome el Tribunal Supremo sobre el procedimiento en curso, "ya
que creo firmemente en la justicia de nuestro país".
Barreiro prestó
declaración ante la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer en calidad
de investigada el pasado 15 de enero por delitos de fraude, malversación de
caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de
información reservada en el marco de la trama Púnica.
La Sala de lo Penal del
Alto tribunal abrió causa contra la senadora el pasado 17 de octubre y, en
cumplimiento de la ley, ahora le da la oportunidad de declarar por los hechos
que se le imputan de forma voluntaria, antes de que decidir de forma formal si
se pide a la cámara alta su suplicatorio.
En su auto de apertura
de la investigación, el Supremo ya considera que los hechos atribuidos a Barreiro
"son susceptibles de ser calificados como constitutivos" de cinco
delitos. Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama
corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos
con empresas de Alejandro De Pedro -considerado el conseguidor de la Púnica-
para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de
la Región de Murcia.
En la exposición
razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6
subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero
público previsto trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su
reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese
informaciones favorables.
Así, entre junio y
septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad
Turismo Cartagena" por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada
para eludir los controles de la Intervención-. Posteriormente, De Pedro valoró realizar
esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el
expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.
El juez Velasco afirmó
en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el
diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración
autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el
Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber
compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y
encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de
fondos del presupuesto de Educación.