La Guardia Civil ha acudido a buscar documentación a la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y de ocho empresas en una investigación que ha abierto el juez del caso del 3% para acreditar si estas compañías pactaron con la Generalitat para repartirse contratos de obras públicas.
Según han informado fuentes cercanas a la investigación, la operación se ha llevado a cabo en el marco de una nueva causa derivada del caso del 3 %, en la que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a esta supuesta trama por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partido político, blanqueo y malversación.
La investigación arranca de la documentación intervenida en 2015 en el registro de Infraestructures.cat, en el epicentro de la trama del 3%, donde la Guardia Civil intervino correos electrónicos de una cuenta denominada "nuriabofill", con copia a empresarios del sector privado, que despertaron las sospechas de los investigadores.
Del análisis de estos correos, los investigadores infirieron la existencia de un pacto entre un grupo de empresas privadas con empresas públicas, como GISA, REGSA, ATLL o BIMSA, entre otras, para excluir de la adjudicación de obras, mediante la alteración de las ofertas, a las compañías que no formasen parte de este supuesto pacto ilícito.
De esta forma, las empresas vinculadas a este supuesto pacto habrían acordado con la Generalitat repartirse licitaciones, lo que ahora se trata de corroborar mediante la documentación requerida hoy a estas compañías y en la sede de la ACCO. En concreto, según las fuentes, la Guardia Civil se ha personado en la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte la relación de sus actuaciones sobre el entramado de empresas supuestamente involucradas en esta trama por las adjudicaciones de concursos relativos a Gestión de Infraestructuras (GISA), Infraestructures de la Generalitat, Agencia Catalana del Agua, Regs de Catalunya, Consorcio de Aguas de Tarragona y Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
"Se trata de una inspección domiciliaria que hicimos a empresas de ingeniería recientemente", ha explicado el director general de la ACCO, Marc Rialp, que ha precisado que la Guardia Civil podría haber tenido acceso a esta información mediante un escrito de requerimiento, pero que por causas que desconoce ha preferido hacerlo de forma presencial. La Guardia Civil también ha acudido a buscar documentación en la empresa pública Infraestructures.cat, como órgano licitador y adjudicatario de expedientes bajo sospecha.
Los agentes también se han personado a la sede en Barcelona de las empresas Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (ASINCA), el GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA , Ayesa Ingeniería y DOPEC SL. Además, el instituto armado ha requerido información en la central corporativa de la ingeniería vasca Sener, en Getxo (Vizcaya), sobre la participación de la compañía en la construcción del AVE en Cataluña.