Esta modificación
pretende ampliar a nueve años las penas de cárcel en caso de imprudencia grave
frente a los atropellos, considerando entre ellas la omisión de socorro en
carretera. En la actualidad, el Código Penal establece en su artículo 195 una
pena de prisión de entre 6 meses y 4 años si el que omitió el deber de socorro
es quien produjo el accidente.
Para ello, se dan dos
circunstancias: si la víctima se halla "desamparada y en peligro
manifiesto y grave" y lo fuese por accidente ocasionado
"fortuitamente" por el que omitió el auxilio, la pena será de 6 a 18
meses de cárcel; pero si quien no socorrió a la víctima fuese quien provocó el
accidente y éste fue ocasionado por una "imprudencia", la pena será
de 6 meses a 4 años de prisión.
La omisión de socorro
está también penada -aunque con multa- si quien no acudió a socorrer no es el
causante del accidente. En este caso, la pena asciende a una multa de 3 a 12
meses. Sin embargo, las circunstancias cambian si existe omisión de socorro y
la víctima ha fallecido, pues el Código Penal establece que cuando un conductor
comete un delito contra la seguridad vial que además produce resultados lesivos
o muerte, sólo es castigado por la infracción más grave. Es decir, el conductor
no sería castigado por el hecho de no haber socorrido a la víctima.
Esta regla sería otra de
las propuestas que contempla la reforma del PP, lo que posibilitaría que todas
las infracciones del conductor previas al accidente se puedan sancionar de
forma independiente, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias
para hacerlo, al considerarlo una conducta dolosa e independiente del delito
imprudente previo.
Anna González es la
promotora de la reforma. González es viuda de Oscar, un ciclista fallecido en
2015 tras ser arrollado por un camión cuando circulaba por el arcén. Tras el
accidente, puso en marcha una iniciativa ciudadana con la que recaudó 200.000
firmas que se entregaron al Congreso para que se reformase la legislación a fin
de evitar que queden impunes las muertes en carretera causadas por imprudencia.
El conductor del camión nunca llegó a cumplir condena, pues el ciclista
falleció en el acto y la ley no considera esto como omisión de socorro, según
recuerda la entidad.
El debate sobre el
delito de omisión de socorro ha resurgido con la aparición de una joven de 17
años en una carretera de Fuente el Saz del Jarama (Madrid), cuyo cuerpo
presentaba lesiones provocadas por un supuesto atropello y cuyo autor se dio a
la fuga.
La chica fue encontrada
por un conductor a primera hora de este lunes 15 de enero. Un día después, la
Policía Nacional detuvo al presunto autor cuando éste se disponía a coger un
avión para abandonar el país. La Guardia Civil de Madrid localizó ese mismo
martes el vehículo implicado en los hechos, al que le faltaba la parte alta de
la parrilla de plástico delantera y el retrovisor, que quedó en el lugar del
siniestro.
La Asociación DIA de
víctimas de accidentes ha pedido "el peor de los castigos" para el
presunto conductor del atropello mortal. Así lo ha afirmado su presidente,
Francisco Canes, que califica de "indeseable" y
"energúmeno" al autor de los hechos. "Entran náuseas al ver el
estado en que ha quedado el coche del conductor, abollado y con el cristal del
parabrisas reventado; no hay palabras", ha señalado en un comunicado.
Para Canes, el presunto
autor "ha actuado en todo momento de manera consciente y con
serenidad" porque, a su juicio, "una persona que después de matar así
a una chica tiene la sangre fría de huir y comprarse unos billetes para salir
del país no puede sentir ningún tipo de arrepentimiento". "Estamos
cansados de tanta impunidad en los asesinatos viales: el conductor merece el
peor de los castigos", ha declarado.
La asociación considera
que "en muchos casos la omisión de socorro está directamente relacionada
con consecuencias muy negativas y, en ciertos casos, irreversibles para las
víctimas". "Cambiar la aplicación de la norma que castiga la omisión
de socorro es una reivindicación que se viene defendiendo desde hace años por
parte de colectivos de usuarios y de víctimas", recuerdan.
Por este motivo, piden
que se revisen todos estos aspectos en la vigente legislación "para que,
por lo menos, las víctimas y sus familiares puedan encontrar algún tipo de
reparación en la justicia". La asociación critica que "a día de hoy no
se ha traducido en ninguna modificación del Código Penal", a pesar de que
la propuesta "recogió algunas simpatías a nivel político".