Esta modificación pretende ampliar a nueve años las penas de cárcel en caso de imprudencia grave frente a los atropellos, considerando entre ellas la omisión de socorro en carretera. En la actualidad, el Código Penal establece en su artículo 195 una pena de prisión de entre 6 meses y 4 años si el que omitió el deber de socorro es quien produjo el accidente.
Para ello, se dan dos circunstancias: si la víctima se halla "desamparada y en peligro manifiesto y grave" y lo fuese por accidente ocasionado "fortuitamente" por el que omitió el auxilio, la pena será de 6 a 18 meses de cárcel; pero si quien no socorrió a la víctima fuese quien provocó el accidente y éste fue ocasionado por una "imprudencia", la pena será de 6 meses a 4 años de prisión.
La omisión de socorro está también penada -aunque con multa- si quien no acudió a socorrer no es el causante del accidente. En este caso, la pena asciende a una multa de 3 a 12 meses. Sin embargo, las circunstancias cambian si existe omisión de socorro y la víctima ha fallecido, pues el Código Penal establece que cuando un conductor comete un delito contra la seguridad vial que además produce resultados lesivos o muerte, sólo es castigado por la infracción más grave. Es decir, el conductor no sería castigado por el hecho de no haber socorrido a la víctima.
Esta regla sería otra de las propuestas que contempla la reforma del PP, lo que posibilitaría que todas las infracciones del conductor previas al accidente se puedan sancionar de forma independiente, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias para hacerlo, al considerarlo una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo.
Anna González es la promotora de la reforma. González es viuda de Oscar, un ciclista fallecido en 2015 tras ser arrollado por un camión cuando circulaba por el arcén. Tras el accidente, puso en marcha una iniciativa ciudadana con la que recaudó 200.000 firmas que se entregaron al Congreso para que se reformase la legislación a fin de evitar que queden impunes las muertes en carretera causadas por imprudencia. El conductor del camión nunca llegó a cumplir condena, pues el ciclista falleció en el acto y la ley no considera esto como omisión de socorro, según recuerda la entidad.
El debate sobre el delito de omisión de socorro ha resurgido con la aparición de una joven de 17 años en una carretera de Fuente el Saz del Jarama (Madrid), cuyo cuerpo presentaba lesiones provocadas por un supuesto atropello y cuyo autor se dio a la fuga.
La chica fue encontrada por un conductor a primera hora de este lunes 15 de enero. Un día después, la Policía Nacional detuvo al presunto autor cuando éste se disponía a coger un avión para abandonar el país. La Guardia Civil de Madrid localizó ese mismo martes el vehículo implicado en los hechos, al que le faltaba la parte alta de la parrilla de plástico delantera y el retrovisor, que quedó en el lugar del siniestro.
La Asociación DIA de víctimas de accidentes ha pedido "el peor de los castigos" para el presunto conductor del atropello mortal. Así lo ha afirmado su presidente, Francisco Canes, que califica de "indeseable" y "energúmeno" al autor de los hechos. "Entran náuseas al ver el estado en que ha quedado el coche del conductor, abollado y con el cristal del parabrisas reventado; no hay palabras", ha señalado en un comunicado.
Para Canes, el presunto autor "ha actuado en todo momento de manera consciente y con serenidad" porque, a su juicio, "una persona que después de matar así a una chica tiene la sangre fría de huir y comprarse unos billetes para salir del país no puede sentir ningún tipo de arrepentimiento". "Estamos cansados de tanta impunidad en los asesinatos viales: el conductor merece el peor de los castigos", ha declarado.
La asociación considera que "en muchos casos la omisión de socorro está directamente relacionada con consecuencias muy negativas y, en ciertos casos, irreversibles para las víctimas". "Cambiar la aplicación de la norma que castiga la omisión de socorro es una reivindicación que se viene defendiendo desde hace años por parte de colectivos de usuarios y de víctimas", recuerdan.
Por este motivo, piden que se revisen todos estos aspectos en la vigente legislación "para que, por lo menos, las víctimas y sus familiares puedan encontrar algún tipo de reparación en la justicia". La asociación critica que "a día de hoy no se ha traducido en ninguna modificación del Código Penal", a pesar de que la propuesta "recogió algunas simpatías a nivel político".