Según el juez, Alfonso Rus y todos los implicados en la operación Taula, funcionaban como una trama criminal organizada que desde la administración pública valenciana adjudicaban contratos a empresas seleccionadas a dedo. De ahí extraían unas comisiones millonarias que se repartían en dos partes, una para el PP valenciano y otra para los encargados de negociar las mordidas. Posteriormente blanqueaban el dinero utilizando empresas pantalla.
La Fiscalía investiga a Caturla y Medina por haber cobrado presuntamente mordidas del tres por ciento que en parte destinaban a financiar las campañas del PP valenciano. Esas comisiones se habrían conseguido en concursos para rehabilitación de carreteras o de centros culturales como el de 'La Rambleta' en Valencia.
Pero para financiar las campañas también se llamó a la puerta del grupo municipal. El partido pidió una donación de mil euros a todos los concejales del PP en Valencia, en principio algo legal. La irregularidad viene porque semanas después, supuestamente, los 1.000 euros les eran devueltos en un sobre con dinero negro. Dentro había dos billetes de 500.
Anticorrupción dispone de indicios de financiación ilegal en los tres niveles del PP en la Comunidad Valenciana. Según fuentes de la investigación, todo apunta a que Rita Barberá estaba al corriente de todo el blanqueo. Información que compartía con el exconseller popular Gerardo Camps. "Estoy tremendamente asombrada y sorprendida por todo lo que veo, por todo lo que oigo y por todo lo que estoy leyendo y he querido mantener un discreto silencio", explicaba la exalcaldesa.
La Guardia Civil investiga a 50 concejales y asesores del PP en Valencia. Han sido citados a declarar para a explicar varios aspectos sobre las cuentas del partido.