En el Congreso
Más Madrid impulsa una ley para impedir el acceso a contratos públicos de empresas salpicadas por corrupción
¿En qué consiste? La iniciativa plantea la modificación del artículo 33.7 del Código Penal, permitiendo que los jueces instructores puedan imponer como medida cautelar la inhabilitación de una empresa para contratar con la administración pública o recibir subvenciones.
Resumen IA supervisado
Sumar, a través de Más Madrid, ha presentado una proposición de ley en el Congreso con el caso Santos Cerdán como contexto, buscando la inhabilitación cautelar de empresas implicadas en corrupción. La propuesta, registrada por las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas, sugiere modificar el artículo 33.7 del Código Penal para permitir que los jueces impongan la inhabilitación temporal de personas jurídicas desde el inicio de una causa penal. También se proponen cambios en la Ley 9/2017 para incluir esta medida como prohibición de contratar. La iniciativa busca reforzar los mecanismos del Estado y prevenir que empresas corruptas operen en el sector público durante procesos judiciales, siempre bajo intervención judicial y respetando principios legales.
* Resumen supervisado por periodistas.
Sumar ha tomado la iniciativa contra la corrupción a modo de presión contra su socio en el Gobierno. A través de Más Madrid, Sumar ha registrado este martes una proposición de ley en el Congreso con el caso Santos Cerdán como telón de fondo para incluir la inhabilitación cautelar de contratación con empresas salpicadas en tramas corruptas y su veto temporal para recibir subvenciones, unido a la prohibición expresa de optar a concursos públicos si son condenadas formalmente.
La propuesta registrada por las diputadas de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi y Alda Recas, plantea la modificación del artículo 33.7 del Código Penal, permitiendo que los jueces instructores puedan imponer como medida cautelar la inhabilitación temporal de una persona jurídica para contratar con la administración pública o recibir subvenciones, desde el inicio de una causa penal.
También se añaden cambios en varios artículos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, con el fin de incluir expresamente esta medida cautelar como una causa de prohibición de contratar.
Para la formación, esta medida "refuerza los mecanismos del Estado" y pretende "evitar que empresas que han utilizado prácticas corruptas para obtener contratos o subvenciones continúen operando con normalidad en el sector público durante largos procesos judiciales".
La medida se aplicaría siempre con intervención judicial y respetando los principios de proporcionalidad, legalidad y garantías procesales, añade la formación, que asegura que esta propuesta atiende a su compromiso "con la regeneración democrática, la defensa del dinero público y la lucha contra la corrupción estructural".
Esta medida van en la línea de las exigencias que también ha pedido la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien se reunió el lunes con Pedro Sánchez para exigirle "acabar con los aforamientos y vetar en las administraciones públicas a las empresas que pagan mordidas", acusando al PSOE de "cinismo" por decir que la corrupción es "inevitable".