Luis Medina ha puesto a disposición del juzgado la herencia de su abuela Victoria Eugenia Fernández de Córdoba para cubrir la fianza impuesta de casi 900.000 euros. Así consta en un escrito al que ha tenido acceso laSexta. En ese documento, la defensa del empresario, investigado por el caso de las comisiones millonarias en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la primera ola de coronavirus, ha argumentado que "la situación de insolvencia no existe".

"Como muy bien conoce el juzgado, en el mes de diciembre del año 2021, mi mandante obtuvo sentencia a su favor en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla como heredero de la fallecida doña María Eugenia Fernández de Córdoba, donde la cantidad a percibir excede con creces el importe embargado, por lo que sus derechos hereditarios cubrirían la meritada fianza, y que se pone a disposición del Juzgado para realizar el embargo", reza dicho escrito.

De esta forma se ha recurrido el auto con el que el magistrado imputó al investigado el delito de alzamiento de bienes tras no poder embargarle al empresario el importe marcado en la fianza porque solo tenía 247 euros en una de sus cuentas. En este sentido, según se señala en el documento, las disposiciones patrimoniales realizadas "no son fruto de que haya querido hacer desaparecer u ocultar sus bienes para frustrar el pago de acreedores, ya que no los tiene".

"Las cantidades obtenidas por la venta de los bonos se ha destinado a los gastos de su vida cotidiana", se explica en el documento, donde se añade: "No existe ánimo ni intención de perjudicar a acreedores, simplemente porque Don Luis Medina no los tenía y antes del dictado de los autos de embargo no había deuda, ni derecho de crédito por el que mi principal tuviera que responder, por lo que las disposiciones realizadas no se hicieron con ánimo defraudatorio".

Además de por alzamiento de bienes, Luis Medina está imputado por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental tras haber participado en varias operaciones de venta de material sanitario (mascarillas, guantes y test de diagnóstico COVID-19) al Ayuntamiento de Madrid; operaciones en las que se habría inflado de forma exagerada el precio de estos productos y por las que se llevó, junto a su socio Alberto Luceño, una millonaria comisión.