La reclamación de una trabajadora de un establecimiento hotelero de Sevilla se llevará a juicio en el año 2020 tras haber fijado esta fecha el Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla, según han comunicado fuentes del caso. En el juicio, el Juzgado analizará la demanda de determinación de contingencia de la Seguridad Social interpuesta por esta trabajadora, que tuvo que darse de baja por un problema en una muñeca por el que fue operada en un centro hospitalario.

La afectada solicita en su demanda al Juzgado que dicte sentencia por la que reconozca el carácter profesional de la baja profesional sufrida y el consecuente derecho a percibir la prestación por incapacidad temporal por contingencias profesionales de conformidad con su base de cotización.

Cabe recordar que, en su memoria correspondiente al año 2014, la última presentada, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, solicitó seis nuevos juzgados de lo Social, jurisdicción donde "son precisas medidas urgentes de refuerzo dados los derechos que se postulan", pues algunos de estos juzgados estaban señalando en ese momento para principios del año 2019.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ya dictó una resolución en la que solicitaba la creación de "al menos" dos nuevos juzgados de lo Social en la capital hispalense a fin de paliar el "colapso" que sufren estos órganos judiciales. En ella, sugería a la Consejería de Justicia e Interior que, "conforme a los criterios acordados por el TSJA en el seno de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación, y oído el CGPJ, se promuevan todas las iniciativas de impulso y convicción ante el Gobierno de la nación para la creación de, al menos, dos nuevos juzgados de lo Social en Sevilla".

De igual modo, Maeztu recomienda que se lleve a efecto una evaluación de las necesidades de las plantillas y dotaciones de personal, "destinando los puestos de trabajo acordes con las cargas y funciones asumidas por los juzgados de lo Social, mediante la adecuada distribución de los mismos". A su juicio, "ni la planta judicial es idónea, ni su organización garantiza la efectividad de la protección judicial de los derechos de los justiciables".