Un chat con más de 92.000 miembros
Junqueras se persona en la causa que investiga la filtración masiva de datos de políticos y periodistas en un canal de apoyo a Alvise
El contexto A principios del mes de julio, dos hombres declararon ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa tras haber sido detenidos como responsables de presuntos delitos de terrorismo y contra la seguridad nacional.

Resumen IA supervisado
Oriol Junqueras se ha sumado como acusación particular a la causa que investiga la revelación de datos personales en un canal de apoyo al eurodiputado Alvise Pérez, donde se divulgaron datos confidenciales suyos y de otros dirigentes políticos. El caso, que está bajo secreto de sumario, es investigado por el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, quien analiza si los dos detenidos en Canarias incurrieron en delitos contra la seguridad nacional o incluso de terrorismo. Aunque uno de los detenidos se negó a declarar, el otro admitió parcialmente los hechos, pero negó tener conocimientos informáticos o haber participado en ataques a webs estatales. Ambos fueron puestos en libertad tras declarar, ya que la Fiscalía no solicitó prisión preventiva.
* Resumen supervisado por periodistas.
Oriol Junqueras se presenta como acusación particular por revelación de datos personales en un canal de apoyo al ultra y eurodiputado de 'Se Acabó la Fiesta', Alvise Pérez, con más de 92.000 miembros. Se trata de 'Chat sobre Alvise Pérez' en el que se publicaron datos reales del líder de ERC, que ahora se ha sumado a la causa abierta bajo secreto de sumario que investiga el caso
De esta manera, Junqueras se suma a la causa abierta bajo secreto de sumario que investiga la publicación de esta información que también ha afectado a otros dirigentes políticos o periodistas. Y es que entre los datos compartidos había teléfonos, domicilios, números de DNI o correos electrónicos de los afectados.
Por eso, en este procedimiento el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga si los dos detenidos en Canarias podrían haber incurrido en delitos contra la seguridad nacional o, incluso de terrorismo por la filtración masiva de estos datos. No obstante, tras tomarles declaración a principios de julio acordó dejarles en libertad, pues la Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión al considerar que bastan una serie de comparecencias periódicas en el juzgado para que no se sustraigan a la acción de la justicia.
Si bien uno de los detenidos se acogió a su derecho a no declarar, el otro reconoció parcialmente los hechos que se le atribuyen. Eso sí, subrayó no tener conocimientos de informática y que en la plataforma en la que se distribuían los datos entraban más personas. Asimismo negó haber participado en ataques a las páginas webs de administraciones del Estado.