La jueza de la DANA rechaza imputar a la delegada del Gobierno y señala que el Cecopi era como una "burbuja aislada del exterior"

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre ha rechazado de nuevo citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

La magistrada responde así en un auto, al que ha tenido acceso laSexta, a la solicitud presentada por una acusación popular. En concreto, fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual, el Consell es "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias".

"Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central", añade la instructora, entre otras consideraciones.

Bernabé declaró como testigo el pasado 14 de abril en la causa, en una comparecencia que se prolongó durante casi siete horas.

La juez ha dictado también otros dos autos. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16:30 y las 23:59 horas del 29 de octubre.

En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.

El órgano judicial también ha notificado una providencia donde se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la DANA y de la renuncia de una representación letrada para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de 64 de los fallecidos.

Esa providencia dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de Valencia, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psíquicas y daños morales de familiares de fallecidos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación por la gestión de la DANA, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.

En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.

La jueza señala que el Ceccopi era "una burbuja aislada del exterior"

Por otro lado, la jueza también señala que en la reunión del Cecopi parecía que los presentes "permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior" en el que se demoró la toma de decisiones mientras los ríos se desbordaban.

"Parece un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó, y en el que, quienes entraban, perdían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación", apunta, destacando que parece que las llamadas de auxilio "no traspasaban el umbral de la sala".

En cualquier caso, destaca que el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno central por la no declaración de emergencia nacional, "no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración Autonómica". Una administración que añade que fue "absolutamente incapaz de avisar en tiempo y adecuadamente a la población".

Insiste en la "evidente pasividad" del Gobierno de Mazón"

"La voluntad de extender la responsabilidad a todas y cada una de las Administraciones, a cualquier persona que ejerciera funciones en relación con la DANA, con mayor o menor relevancia decisoria o técnica, confluye con las argumentaciones de las representaciones de los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso y produce el efecto de degradar de hecho la gravísima inactividad de la Administración Autonómica valenciana con resultado mortal, apartándose del nexo causal y la posición de garante atribuible a los investigados", destaca en el escrito.

La jueza deja claro que resulta evidente, tras ver el listado de llamadas y comunicaciones aportadas por los investigados, en qué Administración concurrió una "evidente pasividad" ante una situación "gravísima".

"En el momento en que se lanzó la alerta, a las 20:11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos. Los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población", concluye.