Un informe sobre la gestión de la DANA señala a Mazón y a los ayuntamientos: "La falta de alertas fue la sentencia de muerte"

Las conclusiones de un informe de SOS Desaparecidos determinan que hubo una gestión incorrecta o incluso nula por parte de las administraciones ante y durante la catástrofe de la DANA de Valencia. Los peritos sentencian que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debió declarar el nivel 3 de emergencia catastrófica; y pasadas las primeras 24 horas, y ante la que califican como una "manifiesta y bochornosa incompetencia municipal y autonómica", debió activarse el nivel superior. Además, el informe recoge que Mazón debería haber emitido alertas a través del 112 y liderar la actuación de los municipios.

Sin embargo, este no fue ni mucho menos el único fallo de la Generalitat. Y es que el Gobierno valenciano no supo liderar, alertar ni coordinar, dicen, causando pérdidas humanas evitables que se multiplicaron porque los ayuntamientos traicionaron su deber, ya que "no tenían planes, estrategias de evacuación, ni refugios".

En este sentido, destacan que la sentencia de muerte fue la llegada tardía de la alarma: "El silencio en las alertas fue la condena para la población, e impidió evacuaciones y movilización de recursos". "La falta de alertas fue la sentencia de muerte; un aviso habría salvado vidas. El abandono municipal amplificó la tragedia", concluyen.

En lo referente a los ayuntamientos, se reprocha que "debían tener planes operativos y coordinarse con la Generalitat", que "no hubo estrategias de evacuación ni refugios", ni tampoco "alineación" con la Administración autonómica. "La ausencia de planes convirtió barrios en trampas mortales. La inacción local fue el golpe final. La Generalitat falló en liderar, alertar y coordinar, causando pérdidas humanas evitables, y los ayuntamientos traicionaron su deber, multiplicando víctimas".

De este modo, los especialistas aseveran que "una incorrecta praxis o pura y simple inacción ex ante y durante la gestión de las emergencias por parte de las diferentes administraciones públicas con competencia, funciones y responsabilidades en la materia, en la Comunitat Valenciana fue el nexo general de causalidad entre el riesgo natural y las gravísimas consecuencias para las personas".

Nunca se ha activado el nivel de emergencia 3 en España

Han sido dos expertos en emergencias y protección civil, en calidad de peritos para la asociación SOS Desaparecidos, quienes han emitido un informe que concluye que el hecho de que nunca se haya activado en España el nivel 3 de emergencia es indicativo de "un fallo en la estructura de respuesta".

Este informe, incorporado a la causa penal que dirige el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja sobre la gestión de la DANA, detalla que la denominada 'emergencia de interés nacional o nivel 3' no se activó ni en el terremoto de Lorca, ni en la erupción volcánica de La Palma, ni en las inundaciones de Badajoz, y concluye que, el pasado 29 de octubre, la falta de alertas fue una "sentencia de muerte".

Los expertos y peritos en esta materia José María Gil Garré y Alberto Aguilar Zarco, autores del referido informe, han sido citados en calidad de testigos ante el mencionado juzgado el próximo 9 de mayo. En su estudio, ambos peritos detallan cuáles fueron las principales omisiones por parte de cada Administración y exponen el marco legal que debería haber regido la actuación de las autoridades en diferentes niveles.

"En particular, las decisiones o la ausencia de las mismas por parte de las administraciones, la existencia o inexistencia de los recursos de planificación obligatorios por parte de las administraciones locales, provinciales, autonómicas o estatales concernidas por lo ocurrido y la eventual relación de causalidad de todo ello con las fatales consecuencias para las personas afectadas y sus familias", señalan.

Al inicio del mismo, ambos expertos lamentan las "actitudes renuentes, esquivas o directamente opacas" al solicitar "el itinerario de decisiones seguido por las diferentes administraciones y servicios públicos, con excepción de la Agencia Española de Meteorología" (Aemet). "Un silencio institucional parecido a una suerte de 'omertá', sin facilitar información que debiera ser pública, desde los planes de emergencias o planes especiales, y no digamos ya -apuntan- cualquier conocimiento de la identidad de las personas físicas que adoptaron o dejaron de adoptar decisiones, especialmente el fatídico día 29 de octubre de 2024".