En el auto, el juez estima la solicitud del sindicato de médicos Afem, que reclamó la paralización de la concesión de los hospitales a las empresas Sanitas, Ribera Salud y Hima San Pablo, una decisión que el juzgado toma para proteger "derechos fundamentales".
Tras conocerse esta resolución, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha indicado que recurrirá la suspensión y que para ello cuenta con un plazo de 15 días, durante el que estudiarán el fallo y formalizarán su recurso.
La Consejería de Sanidad adjudicó al grupo puertorriqueño HIMA San Pablo la gestión de tres hospitales -Infanta Sofía, Infanta Cristina y el del Tajo-, a la Unión Temporal de Empresas encabezada por Sanitas el Hospital del Henares, y al grupo Ribera Salud el Hospital del Sureste y el Infanta Leonor.
El sindicato Afem interpuso un escrito contra este proceso administrativo y solicitó su suspensión cautelar al considerar que estos podrían causar un perjuicio "irreparable" a pacientes y trabajadores. El juez ha estimado esta petición del sindicato médico y ha acordado mantener esta medida hasta que se dicte "un sentencia firme que ponga fin al procedimiento".
La adjudicación a varias empresas de la gestión de seis hospitales de Madrid culminó el pasado 19 de agosto, tras diez meses de conflicto laboral, político y social que derivó en 22 jornadas de huelga y la suspensión de 8.000 cirugías y 76.000 consultas.
El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya suspendió de forma cautelar el proceso a instancias de un recurso del PSM, que levantó días después al considerar que este partido no tenía legitimación para presentarlo al no ser un afectado directo.
El PSM alegó entonces que una corrección en los pliegos de licitación que rebajaba el importe de la garantía que debían pagar las empresas licitadoras había limitado a la libre competencia.
La corrección que la Consejería de Sanidad publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid consistió en añadir el término "anual" al importe de la garantía que debían depositar las licitadoras, que pasaba así del 5% del importe global del contrato al 5 por ciento del importe anual del mismo, con lo cual la cifra a depositar por las empresas concursantes se reducía a una décima parte.
La externalización de la gestión sanitaria de estos centros, así como la de 27 centros de salud, está incluida en las medidas de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos regionales, que fue aprobada en la Asamblea de Madrid en diciembre pasado.
Los hospitales externalizados en este proceso se suman a los otros tres ya existentes en la Comunidad de Madrid: el Infanta Elena (Valdemoro), el de Torrejón y el Rey Juan Carlos (Móstoles), cuya gestión, según las encuestas realizadas, cuentan con la satisfacción del 95% de los usuarios.
La portavoz de Afem Fátima Brañas ha mostrado su "grandísima alegría" por la decisión judicial y ha valorado que la suspensión cautelar es un "paso importante" para la protección de los derechos fundamentales de los pacientes, que podrían sufrir discriminación "en cuanto al tipo de asistencia" y en función del área donde residen.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty opina que "el auto contiene opiniones de tipo político y personal, algo que nos parece sorprendente".
Por su parte, Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista madrileño, ha dicho que: "Ignacio González debe ordenar a las empresas privadas que abandonen los hospitales".