"Nadie pudo pensar que si se bajaban las condenas mínimas eso podía conllevar reducciones de las penas". Es una de las reflexiones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista en la Cadena Ser sobre las polémicas rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.
Montero asegura que nadie les alertó de que sería necesaria una transitoria "porque todo el mundo asumía que cumpliría con esta jurisprudencia". La ministra habla de "bulo" al ser preguntada acerca de la alerta del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley, explicando qué ocurrió realmente.
"Lo que hizo fue alertar, entre la primera y la segunda vuelta, de que si bajábamos las penas máximas podrían darse casos de revisión de las penas. Eso justificó que el ministro de Justicia de entonces, Juan Carlos Campo, con el que tuvimos numerosas conversaciones, nos conveciese con su empeño en no bajar los tipos máximos", argumenta.
La ministra de Igualdad insiste en que lo que están observando es "un problema de aplicación" de la ley, recordando que Naciones Unidas es "muy tajante" al decir que "los estereotipos comprometen la imparcialidad e integridad del sistema judicial, que a su vez puede dar a lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización".
"En los casos en los que los jueces interpretan de esa manera los hechos, da igual el Código Penal que tengas. Hay un problema porque algunos jueces interpretan que los hechos se pueden agrupar o interpretar en un tipo penal concreto", añade Montero, que confiesa que "si hubiese un error, sería la primera en reconocerlo".
¿Qué dice el CGPJ?
Este miércoles, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que muestra su "más firme repulsa" a los "intolerables ataques" lanzados por Igualdadcontra los jueces que revisan condenas por delitos sexuales. En esa nota, el organismo recuerda que, en febrero de 2021, emitió un informe sobre el anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual en el que se constataba que "el cuadro penológico contemplado suponía una reducción del límite máximo de algunas penas".
"La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente", añaden, y zanjan: "Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección".
Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia ha emitido otro comunicado lamentando las "muy desafortunadas e inapropiadas" palabras de Igualdad: "La reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica".