Edmundo Bal era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar por rebelión a los líderes del proceso soberanista.
El de abogado del Estado jefe de lo Penal es un cargo de confianza dependiente de la abogada general y en este caso se ha producido una quiebra de esa confianza, según las fuentes.
Castro, que dirige la Abogacía desde el cambio de gobierno y la llegada de Dolores Delgado al Ministerio de Justicia, debe buscar ahora a un abogado que defienda el escrito de acusación.
La discrepancia entre ambos se plasmó en la presentación del escrito de acusación el pasado 2 de noviembre, cuando, por primera vez, la Abogacía se desmarcó de la senda marcada por la Fiscalía, que de momento se ha mantenido firme pese a los cambios de fiscal general.