En dicha respuesta, con
fecha del pasado 5 de septiembre, el Gobierno señala que "el Ministerio de
Justicia se encuentra en estos momentos procesando los datos para la
realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que, una vez
finalizado, se proceda a la publicación de dichos datos, de forma que se
garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección
de Datos".
Junto a ello, el
Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez, han explicado que, "con
carácter general, ha de señalarse que el artículo 132.1 de la Constitución
Española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad de los bienes de dominio público y este principio se
desarrolla legalmente a través de los artículos 5, 6 y concordantes de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas".
"De este modo -prosigue
la respuesta del Gobierno-, queda prohibida la apropiación de los bienes de
dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se
encuentra la iglesia católica".
Por ello, "si a
pesar del control por parte del registrador, hubieran accedido a Registro como
bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público,
deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica, conforme
al Derecho sustantivo material, que en todo caso se encuentra sometido a los
principios constitucionales de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad
antes relacionados".
Por último, el Ejecutivo
señala en su respuesta que, "de acuerdo con lo establecido en el artículo
47 y concordantes del Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1373/2009, de 28 de agosto, correspondería a la Dirección General de Patrimonio
del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si al Estado le corresponde
algún derecho sobre dichos inmuebles, siempre sometido todo ello al derecho a
la tutela judicial efectiva".
Ante este respuesta a
sus preguntas y en declaraciones a Europa Press, Antonio Hurtado ha opinado
que, "cuando se conozca ese listado", que elabora Justicia de los
bienes inmatriculados por la Iglesia, "se verá que ha habido connivencia
en determinados Registros de la Propiedad y menos connivencia en otros", a
la hora de facilitar a la Iglesia la inscripción a su nombre de bienes
públicos.
Así, según ha asegurado
Hurtado, "se va a demostrar que en ciudades como Córdoba, Zaragoza o
Pamplona ha habido mucha más permisividad", para facilitar las
inscripciones, "y también mucha más avidez, por parte de la Iglesia, para
inscribir inmuebles", como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Seo de
Zaragoza, que entiende el diputado socialista que "son bienes de dominio
público y no se tenían que haber inscrito nunca" a nombre de la Iglesia.