Caso Begoña Gómez
El futuro judicial de Peinado: podría enfrentarse a una querella por injurias y calumnias tras señalar a agentes de policía
Entre líneas El juez se jubila en septiembre, por lo que una hipotética sanción disciplinaria no le afectaría mucho, pero podría abrirse contra él otro proceso por injurias y calumnias.
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado el proceso para evaluar si se abre un expediente al juez Juan Carlos Peinado, quien insinuó que los policías que escoltan a Begoña Gómez, esposa del presidente, podrían ayudarla en una fuga. La Comisión Permanente del CGPJ ha remitido la decisión al promotor de la Acción Disciplinaria, y el órgano debe actuar con rapidez si desea sancionar al magistrado, quien se jubilará en septiembre. Además de enfrentar problemas profesionales, Peinado podría enfrentar una querella o demanda por sus declaraciones, que podrían ser consideradas injurias y calumnias por la Fiscalía o los agentes afectados.
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El CGPJ ha iniciado este lunes el proceso para valorar si expediente al juez Juan Carlos Peinado por insinuar que los policías que escoltan a la mujer del presidente, Begoña Gómez, podrían ayudarla en una hipotética fuga.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado remitir la decisión al promotor de la Acción Disciplinaria. El órgano debería darse prisa si finalmente quiere sancionar al magistrado, ya que, en principio, se va a jubilar este septiembre.
No obstante, el único problema al que podría enfrentarse Peinado no es profesional. Lo escrito por el juez en su auto es susceptible de presentación de querella o demanda por parte de los afectados.
En su auto, Peinado justificó su decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez alegando que la Policía podría ayudarla en una hipotética fuga "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos".
Como ha explicado Miguel Ángel Campos, ante estas palabras, la Fiscalía podría presentar una querella por injurias y calumnias contra Peinado a la Abogacía del Estado en defensa de la honorabilidad de los agentes interpelados. También podrían hacerlo los mismos agentes afectados o las asociaciones policiales.