El Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid ha rechazado la petición cautelar de la Fiscalía para retirar el cartel racista de Vox con el que la formación asegura que los menores no acompañados reciben 4.700 euros al mes de subvenciones públicas mientras una jubilada cobra 426 euros. El juzgado, en función de guardia, ha argumentado que no se trata de una medida especialmente urgente, así como tampoco se da en este caso un delito flagrante.
Es decir, estima que no se da ni peligro por la demora ni apariencia de buen derecho en esta circunstancia. Por ello, va a continuar la instrucción de la denuncia por la vía habitual. Una vez tramitada la medida cautelar, será el Juzgado de Instrucción Número 53, órgano al que la Fiscalía presentó la denuncia, el que continúe el procedimiento instado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de un delito de odio.
La Fiscalía Provincial de Madrid había solicitado como medida cautelar la retirada "en el plazo más breve posible" a este juzgado a través de una denuncia, considerando que la iniciativa de Vox podría ser constitutivo de un delito de odio. Esta reclamación no solo afectaba al anuncio de la formación ubicado en la estación de Cercanías de Sol; también, a "todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado".
En su denuncia, la Fiscalía explicaba que en dicho cartel se traslada "el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un mena enfrentado al de un pensionista", lo que pone en cuestión "su carácter ético y legal". Además, también cree que se exhibe "una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial" al ser vinculado con un individuo "encapuchado, embozado y racializado".
Frente al ataque al colectivo, estos menores "carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional", lo que les convierte en un colectivo "doblemente vulnerable". Por eso, las condiciones en las que se encuentran los mismos exigen para la Fiscalía "una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas" y deben ser, de hecho, uno de los grupos "especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos".
La Fiscalía, en manos de Delgado, deja claro que no quiere que se conozca la verdad
Asimismo, la Fiscalía recordaba en su denuncia que el delito de odio comprende varios tipos delictivos contra la protección de "la dignidad de la persona, individualmente y como parte de determinados colectivos". En cualquier caso, entiende que la retirada del cartel de Vox "no vulnera el derecho del partido a realizar propaganda electoral, puesto que el espacio publicitario" en el que se reprodujo el anuncio racista "puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña".
Por su parte, Vox no ha tardado en reaccionar a este anuncio, asegurando que "la Fiscalía, en manos de Delgado, deja claro que no quiere que se conozca la verdad sobre lo que cuestan los menas". Un día antes, el Gobierno, Más Madrid y Unidas Podemos denunciaron a Vox ante la Fiscalía y el PSOE ante los tribunales por un presunto delito de odio derivado de este polémico cartel electoral.