Multas de hasta un millón de euros
Consumo abre un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas
Los detalles Desde Consumo han detectado que esta empresa podría estar incurriendo en prácticas abusivas como prohibir de forma generalizada acceder a los festivales con comida y bebida o imponer condiciones abusivas para poder retirar el dinero de las pulseras con las que se pagan las consumiciones.
Resumen IA supervisado
El Ministerio de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una gran promotora de festivales de música por presuntas prácticas abusivas en varias Comunidades Autónomas de España. Las prácticas investigadas incluyen la prohibición general de ingresar con comida y bebida, el cobro de un extra para entrar y salir del recinto, y condiciones abusivas para retirar el dinero de las pulseras de pago. De confirmarse estas acciones, constituirían infracciones al artículo 47 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios, con multas de hasta un millón de euros. El proceso de instrucción y resolución podría extenderse hasta nueve meses.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una gran promotora de festivales de música por posibles prácticas abusivas. Según indican desde el Ministerio que dirige Bustinduy, se trata de una empresa que organiza estos festivales en diferentes comunidades autónomas de España.
Así lo ha anunciado este lunes el gabinete que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado en el que, sin mencionar su nombre, ha precisado que, como se trata de una empresa que organiza estos festivales en diferentes comunidades, se puede intervenir desde el Ministerio.
Desde Consumo han detectado que esta empresa podría estar incurriendo en prácticas abusivas como prohibir de forma generalizada acceder a los festivales con comida y bebida, obligar a los usuarios a pagar un extra para poder entrar y salir del recinto o imponer condiciones abusivas para poder retirar el dinero de las pulseras con las que se pagan las consumiciones.
De esta manera, el Ejecutivo recuerda que de constatarse estas prácticas supondrían infracciones del artículo 47 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios. En caso de ser calificadas como infracciones muy graves, serían penalizadas con multas de entre 100.001 euros y un millón de euros.
Tras la apertura de este expediente sancionador, se abre ahora un periodo máximo de nueve meses para su instrucción y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, si bien el departamento que lidera Bustinduy recordó que la iniciación del expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación". competentes del Ministerio.
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