Igual que ocurrió en el caso del presidente de Murcia, la Fiscalía General del Estado se movilizó para impedir que se actuase contra Pedro Sanz, expresidente de La Rioja, por irregularidades urbanísticas, según publica El Mundo. Lo hizo cambiando el criterio del fiscal del caso, que decía que había indicios para actuar penalmente contra Sanz por la construcción de un chalet en terrenos ilegales. La causa por prevaricación se archivó.