Caso Plus Ultra
El expresidente de Bolivia asegura que no trató "ningún litigio judicial" con Zapatero para anular una sentencia en contra de una empresa peruana
Los detalles Luis Arce ha emitido un comunicado negando estar involucrado en "ningún tráfico de influencias que haya favorecido" a Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), la compañía del Grupo Gloria de la que habría cobrado el exlíder del PSOE.
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El expresidente de Bolivia, Luis Arce, ha negado haber discutido con José Luis Rodríguez Zapatero sobre ningún litigio judicial relacionado con el Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Zapatero habría cobrado 200.000 euros entre 2024 y 2025 por mediar para anular una sentencia que obligaba a Gloria a pagar 107 millones de dólares. Arce, actualmente en prisión por desvío de fondos, asegura que su reunión con Zapatero en 2024 se centró en asuntos políticos nacionales y no en el caso de SOBOCE, contradiciendo el informe de la UDEF.
* Resumen supervisado por periodistas.
El expresidente de Bolivia Luis Arce asegura que no trató con José Luis Rodríguez Zapatero "ningún litigio judicial" con el Grupo Gloria, el conglomerado empresarial peruano del que el exlíder del PSOE habría cobrado 200.000 euros entre 2024 y 2025 como "contraprestación" por mediar con la administración boliviana para anular una sentencia que obligaba a Gloria a pagar 107 millones de dólares en concepto de multa, según indica el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial en el marco del caso Plus Ultra.
Arce, que se encuentra en prisión desde diciembre por un desvío de fondos, ha emitido un comunicado negando estar involucrado en "ningún tráfico de influencias que haya favorecido" a Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), la compañía del Grupo Gloria con sede en Bolivia, ni ninguna "otra empresa privada".
También ha defendido que la reunión que mantuvo con Zapatero en La Paz en 2024 fue para abordar cuestiones de política nacional, como "la coyuntura política boliviana, las posiciones intransigentes" del expresidente Evo Morales y el "planteamiento de unidad del movimiento popular" que habían propuesto para aglutinar a sindicatos y organizaciones sociales en el país.
"No se trató ningún litigio judicial de SOBOCE", ha añadido Arce, negando así cualquier mediación para dejar sin efecto una sentencia judicial contra la empresa cementera del Grupo Gloria. De esta forma, el exdirigente boliviano contradice el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial, en el que se aportan conversaciones entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, en las que se abordan diversas reuniones con las autoridades bolivianas.
Las reuniones de Zapatero
Esta hipotética mediación de Zapatero habría comenzado en mayo de 2024, cuando SOBOCE ya estaba envuelta en un pleito con la Fábrica Nacional de Cementos. En los registros efectuados en la oficina del expresidente se indica que la primera reunión tuvo lugar el 8 de mayo con Carmen Almendras, embajadora de Bolivia en España. Cinco días más tarde, el 13 de mayo, el exlíder del PSOE firmó su contrato de asesoría.
El primer pago, según detalla la UDEF, se produce el 28 de junio de 2024, por una cantidad de 100.000 euros. El 30 de agosto, la secretaria del expresidente entabla conversaciones con la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, para concretar una reunión con Luis Alberto Arce que tuvo lugar el 15 de septiembre, mismo día en el que se vio con Marcelo Montenegro, ministro de Economía boliviano.
Cinco meses más tarde, en febrero de 2025, el Tribunal Supremo de Bolivia ratifica la multa a SOBOCE. Unas semanas más tarde, el Grupo Gloria, propietario de esa compañía, la recurrió.
En mayo, Zapatero instó a Gertrudis Alcázar a contactar con el presidente de Bolivia de nuevo, aunque se acabó reuniendo con el ministro de Justicia el 6 de mayo. Cuatro semanas más tarde, el 30 de mayo, el Constitucional da la razón a la cementera peruana y deja sin efecto la sanción de 200 millones de euros.