Esta semana, hemos conocido más detalles de las comisiones millonarias que recibieron Luis Medina y Alberto Luceño en la adquisición de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid durante los peores días de la pandemia. Parte de estas novedades pasan por la dejadez del Consistorio a la hora de comprobar la calidad de este material.
La oposición pide responsabilidades al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que desvía el debate achacándoles por qué apoyaron este contrato en su día. Pero, ¿cómo empezó este escándalo?
Todo empezó en noviembre de 2020, cuando la Fiscalía se pone a investigar el caso. El 22 de diciembre, el fiscal del caso emite un requerimiento al Ayuntamiento de Madrid y le pregunta por comisionistas. La propia Coordinadora General de Presupuestos, Elena Collado, escribía a Medina días después de cerrar los contratos: "Por favor, llámame. Nos han estafado seguro". Sin embargo, no denunciaron.
"Es difícil denunciar a alguien por estafa cuando le reclamas y te devuelven 4 millones de euros", justificaba Almeida, aunque este viernes daba otro motivo, alegando que solo podía partir del Sepblac. Sí que se han personado como acusación particular pocos días después de saltar la noticia en los medios de comunicación.
Almeida se defendía desde el minuto cero y negaba cualquier contratación con los comisionistas. El sumario del caso muestra conversaciones entre la empleada del Ayuntamiento y Luceño durante ocho meses, como vemos en el vídeo.
En abril de 2021, Medina reconocía que habían contactado directamente con ella, algo que choca con la versión oficial del Ayuntamiento, que, en palabras de Almeida, habían utilizado un buzón de correo genérico.
"Hay dos correos de Luis Medina al buzón de Coordinación General de la Alcaldía. Esa es la forma como tantos que tuvo de entrar en contacto con el Ayuntamiento", explicó, antes de desvelar que él también había hablado con Medina a modo de agradecimiento. Es lo último que sabemos de un caso que no ha escrito sus últimas palabras.
Querella contra Almeida
Un abogado ha interpuesto una querella a título particular contra Almeida por el contrato de mascarillas de Medina y su socio. El letrado Fernando Pamos de la Hoz atribuye al alcalde un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, obligado en todo funcionario y cargo público.
A su juicio, si la Fiscalía no hubiera decidido investigar, el presunto fraude, consentido por el Ayuntamiento, habría quedado impune: