El juicio por el caso Alsasua ha quedado visto para sentencia este miércoles en el Tribunal Supremo. Las defensas de los ocho acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra sostienen que no hay pruebas de su participación en esa paliza y piden su absolución.
Mientras, sus familiares confían en que sean absueltos. "Para nuestros hijos esta fecha es un hito" ha manifestado Isabel Pozueta, madre de uno de los condenados, Adur Ramírez. "Existe la posibilidad de que se acabe todo el sufrimiento que están viviendo", ha agregado, "para ellos la sensación es de vértigo, de miedo y a la vez de esperanza".
No obstante, la Fiscalía del Supremo ha defendido la sentencia de la Audiencia Nacional, que les condenó a penas de entre dos y 13 años de cárcel, y señala que la agresión se produjo porque los dos guardias civiles forman parte de una institución que es "fiel al rey y al pueblo español".
Así lo ha asegurado el fiscal, Álvaro Redondo, en la vista pública en la que se han estudiado los recursos presentados contra la sentencia por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
La Audiencia Nacional no les condenó en su momento por delitos de terrorismo, como pedía la Fiscalía, y el Ministerio Público no ha presentado ahora ningún recurso contra esta resolución, sino que se limita a impugnar los recursos presentados por las defensas y reclama que se confirme la sentencia.
En este sentido, el fiscal ha rechazado los argumentos esgrimidos por los abogados de los ocho condenados contra la aplicación de la agravante ideológica por delito de atentado: "¿No puede haber una razón ideológica para atacar a la Guardia Civil? ¿Cómo qué no? Claro que sí", ha enfatizado.
Asimismo, ha defendido que la Guardia Civil es una "institución del Estado que asume los valores constitucionales y es fiel a España, al Rey y al pueblo español", por lo que considera que es un "hecho probado" que la agresión se produjo por su condición de guardias civiles.
A este respecto, uno de los abogados de la defensa, José Luis Galán, ha rechazado que pueda considerarse a la Guardia Civil como "colectivo vulnerable" objeto de esta agravación. "Hacerlo la deja en muy mal lugar dentro del Estado de Derecho", ha afirmado. "No puede considerarse el delito de odio cuando ya se le aplica el delito de atentado, y no puede considerarse que todos los guardias civiles tengan la misma ideología".
Las defensas asimismo han recordado las recusaciones que fueron presentadas contra magistrados de la Sala de Apelaciones de la Audiencia, en especial contra la magistrada de la sala de primera instancia Concepción Espejel, condecorada por la Guardia Civil y casada con un coronel del cuerpo, lo que a juicio de varios de los defensores denota la falta de imparcialidad y garantías con las que se dictó la sentencia.
La que se recurre es la dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que únicamente modificó la dictada por la Sala de lo Penal en el caso de uno de los condenados, Iñaki Abad, a quien le fue rebajada la condena.
En el resto de casos, la Sala de Apelación confirmó la sentencia inicial que impuso 13 años de cárcel para Ohian Arnanz, 12 para Jokin Unamuno y Adur Ramírez, nueve años en el caso de Jon Ander Cob, Julen Goicoechea y Ararz Urriola, y dos años para Ainara Urquijo, la única que no ha llegado a ingresar en prisión.