Las casi seis mil residencias de mayores que hay en España han visto cuestionado su modelo con la crisis del coronavirus.

El sistema es principalmente privado: de las 380.000 plazas que hay, el 75% son privadas. De esas, un 35% son concertadas. Las puramente públicas suponen apenas el 25%.

Un desequilibrio que no gusta ni a sindicatos ni a asociaciones. "Queremos que haya paralelismo con la sanidad pública. Tiene que haber un sistema público predominante", defiende Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras.

En la misma línea Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, habla de la motivación económica de las empresas que gestionan los centros: "La rentabilidad se está haciendo a costa de la falta de atenciónde los mayores en el sentido de que no hay suficiente personal para atenderlos, ni control para ver qué pasa".

Al año, el sector mueve 4.650 millones de euros. Aunque este 2020 creen que incurrirán en pérdidas, hasta ahora crecían. Y es que, impulsado por la demografía, el sector es de interés para los inversores.

Listas de espera en las públicas

170.000 personas están en lista de espera para una residencia pública y, según los criterios de la OMS, tendría que haber 70.000 camas más.

"La OMS marca un 5%, cinco plazas por cada 100 personasmayores de 65 años en el país. En España estamos en un 4,4", puntualiza Juan Manuel Martínez, presidente de CEOMA.

Precariedad de los trabajadores

Otro aspecto a actualizar es el laboral. Antes de la llegada de la COVID, se estaba negociando un nuevo convenio. Son empleos muy duros físicamente, cubiertos en su mayoría por mujeres que tienen sueldos muy bajos.

Según la ley, por cada dos mayores, tiene que haber un trabajador. Ratio que aseguran, se cumple. Sin embargo, la norma, sin actualizar en 15 años, habla de trabajadores de atención directa, y en ella entran desde geriatras a podólogos, nutricionistas o trabajadores sociales.

Por eso, en ocasiones, quienes visten o dan de comer a los mayores, terminan atendiendo a un número mucho mayor. Así, en la práctica se traduce en un trabajador por cada 10 o 15 residentes.

Por lo que abogan todos es que, para prevenir futuras pandemias, las residencias se conviertan en una pata más del sistema sanitario reforzando sobre todo la prevención.