Varapalo del Tribunal Supremo a la ley Orgánica del Poder Judicialde Gallardón. Un informe del Tribunal Supremo que pone de manifiesto que habría procedimientos por delitos económicos y de corrupción que se paralizarían.
Lo harían siempre que estén vinculados a otros delitos de otros ámbitos jurisdiccionales y hasta que se conozca la sentencia sobre estos. Es el caso de delitos contra la Hacienda Pública o Seguridad Social, societarios o relacionados con materia urbanística. Un retraso que favorecería la prescripción.
El ministro de Justicia defiende la reforma porque supone un incremento de la garantía y de la agilidad. El Supremo considera que ya en su exposición de motivos la Ley trasluce una idea de jerarquización de los órganos judiciales y que esto debilitaría la independencia de la Justicia.
Una independencia cuestionada y una lucha contra la corrupción que para algunos está institucionalizada. Además, el informe rechaza que los jueces y asociaciones no puedan hacer manifestaciones en la prensa.