La defensa de González Amador pide al juez que cierre la instrucción y proponga juzgar al fiscal general por revelación de secretos

La defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que cierre la instrucción y proponga juzgar por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de la pareja de Ayuso agrupa todos los indicios obtenidos a lo largo de la instrucción contra los investigados.

Así, subraya que ambos incumplieron sus labores constitucionales: "Resulta imposible concebir una actuación de las autoridades constitucionales y legales de Fiscal General del Estado y Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo mediante su sustitución por una continuidad de revelaciones".

También, indican que hubo "voluntad de ocultación" para que "no se conozca la verdad de los hechos que él y las personas que le auxiliaron protagonizaron entre los días 7 y 14 de marzo de 2024".

Estas peticiones llegan después de que los periodistas de El País citados a declarar como testigos, por el caso García Ortiz ratificasen que supieron de la confesión del novio de Ayuso antes que el fiscal general.

Según los informadores, que testificaron a petición de la defensa, confirmaron que tuvieron acceso a esa información al menos 31 horas antes de que llegase en manos del fiscal general y que la información les llegó a través de un miembro de la Fiscalía de Madrid.

La fase de instrucción del caso estaría a punto de concluir y, por el momento, no hay previstas más declaraciones. Si finalmente el juez decide abrir juicio a García Ortiz por revelación de secretos, el fiscal estaría cada vez más cerca de protagonizar un juicio inédito.

La defensa de Rodríguez pide archivar la causa contra ella

Por otro lado, la defensa de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha pedido al juez Hurtado que archive la causa contra ella argumentando que los hechos analizados no son constitutivos de "infracción penal alguna". Según argumenta la defensa de Rodríguez cumplía órdenes de su jefe.

En concreto y según expone el escrito: "En el caso del Sr. Salto (...) ya apreció que su intervención, consistente en facilitar la información que le requerían sus superiores, no merecía reproche penal alguno, por lo que entendemos resulta obligado que dicha conclusión se extienda también a mi representada, cuya actuación de igual modo no fue otra que la de atender las órdenes e instrucciones que recibió del Fiscal General de Estado, todo ello dentro de sus competencias y obligaciones, con absoluto apego a la legalidad aplicable".