El fiscal general del
Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña
para que citen como investigados a los alcaldes que han firmado un decreto en
el que se comprometen a ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no
comparecer, reclamen a los Mossos d'Esquadra que los detengan.
La CUP indica en un
comunicado que sus alcaldes "no asistirán a declarar" ni tampoco
"comparecerán ante las citaciones del fiscal general del Estado" y
emplaza al resto de fuerzas políticas "a hacer lo mismo al amparo de la
Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación".
Para predicar con el
ejemplo, uno de los alcaldes de la CUP, el de Argentona (Barcelona), Eudald
Calvo, ha publicado dos tuits, en el primero de los cuales se observa cómo
"archiva la advertencia del Gobierno" pasándola por una trituradora
de papeles. En el segundo tuit afirma: "Tengo mucho trabajo y no puedo
estar por estas tonterías. Quien quiera hablar conmigo, ya sabe dónde
encontrarme".
La CUP dice a la Fiscalía
que su estatuto "no contempla que pueda ordenar la detención de aquellos
alcaldes que no comparezcan ante una citación", y que esto
"sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales".
La formación
anticapitalista catalana denuncia, asimismo, lo que considera "actuación
demofóbica y ataque a los derechos fundamentales" por parte del Estado
español "ordenando detenciones con el único objetivo de atemorizar a la
población y a los cargos electos". "Responderemos conjuntamente
-avanza la CUP-, como hemos hecho siempre, ante la estrategia represora del
Estado español para hacer valer lo que entendemos que es un mandato popular
mayoritario amparado en el derecho inalienable de los pueblos a su
autodeterminación".