Triunfo parlamentario de los socialistas. El Pleno del Congreso ha rechazado la reprobación de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero y el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, promovida por PP y Vox por sus vinculaciones con la trama Koldo del supuesto cobro de comisiones de la que formaba parte Koldo García Izaguirre, que fue asesor del entonces ministro José Luis Abalos.
Ha sido este jueves con la votación de las mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes de la semana pasada dirigidas por PP y Vox al Gobierno, las cuales han sido rechazadas con el voto en contra del PSOE y sus socios --excepto el BNG que en la reprobación de Torres se ha abstenido--, mientras que PP, Vox y UPN han votado a favor. Según ha podido saber laSexta, las negociaciones se han alargado hasta minutos antes del inicio del pleno, pero finalmente el PSOE ha logrado que ERC y Junts voten 'no' a la reprobación a Torres que pretendía el PP.
En concreto, el PP quería que el Congreso instará al ministro de Política Territorial a asumir responsabilidades políticas por la compra de mascarillas cuando era presidente de Canarias y también a los altos cargos. Y además buscaban emplazar al Gobierno a asegurar que "cualquier investigación impulsada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por instancias judiciales, se lleve a cabo "de manera independiente y oportuna", sin "interferencias ni presiones políticas de ninguna clase y contando con la colaboración de todas las administraciones afectadas".
Mientras que Vox reclamaba directamente la reprobación de la 'número dos' del PSOE por su "dejación de funciones" en el control de los contratos públicos que han resultado implicados en el 'caso Koldo' y han generado la "pérdida" de millones de euros en comisiones y suministros defectuosos.
Además, pedían una auditoría de todos los contratos realizados durante los estados de alarma desatados a raíz de la COVID-19, remitiendo toda la información al Tribunal de Cuentas para que realice un informe de fiscalización.
Y también exigían realizar una revisión de la efectividad de la contratación centralizada y promover la derogación del artículo de medidas urgentes para la reactivación económica y el empleo, ya que a su juicio ha servido al Gobierno de "escudo" para no dar cuenta de ninguna información relativa al Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).