Cristina Cifuentes se enfrenta a una pena de tres años y tres meses de prisión por haber inducido presuntamente a la falsificación del acta que atestiguaba la defensa de su Trabajo Fin de Máster (TFM) en la Universidad Rey Juan Carlos.
En este juicio, que ha llegado hoy a su fin, ya se han abordado las declaraciones de todos los protagonistas del caso, salvo de Enrique Álvarez Conde, el director del polémico máster, debido a su fallecimiento en abril de 2019.
Ahora bien, por el banquillo sí han pasado la profesora del máster que confeccionó el acta, Cecilia Rosado, la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito, que supuestamente presionó a Rosado para modificar el documento de la defensa; y la propia Cristina Cifuentes, que ha llegado a admitir que en ningún momento defendió su TFM, sino que se limitó a explicar el trabajo "en líneas generales".
Ante estos testimonios, la fiscal Pilar Santos ha mantenido en esta última sesión la petición de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a la que acusa de ser "la única beneficiaria" del acta ilegal. Además, apunta directamente al temor de la acusada a ver salpicada su profesión como dirigente: "Era la única, la primera y la última que se benefició del acta; era ella y su carrera política. El interés y la presión se hacían en su nombre para que la universidad diera la cara por ella", asevera.
"La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos. Pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le proporcionase una solución, y si toda la maquinaria se puso en marcha fue, precisamente, por estas presiones", concluye Santos.
En esta línea, la acusación particular, ejercida por la propia Universidad Rey Juan Carlos, que pide cuatro años de cárcel para la exmandataria, ha recogido el hilo de la fiscal y se ha mostrado especialmente dura con Cifuentes: "Si no ha hablado con los profesores, ¿cómo podía saber cómo tenía que ser el trabajo? ¿Su longitud y fecha de entrega? Nadie recuerda haber visto sus trabajos", espetan con severidad.
Junto con eso, también han insistido en el interés político de Cifuentes, especialmente cuando publicó el famoso vídeo en el que enseña el acta y dice: "No me voy, me quedo". De este modo, concluyen: "Todo esto tenía un interés político puro y duro".
Con el título, pero sin defensa: las declaraciones de Cifuentes
En todo momento, durante el juicio se ha abordado cuál fue la relación de la exdirigente con el máster: a qué clases asistió —ninguna, según algunos profesores, aunque alegan que no era necesario—, la relación que tenía con la universidad y, de nuevo, cómo se produjo la defensa de dicho TFM, imprescindible en cualquier titulación superior para acceder al título.
Precisamente, con respecto a este último punto, Cifuentes ha dado algunas declaraciones reveladoras: "Yo no defendí el trabajo, lo entregué y expliqué las líneas generales. Fue un acto muy general, había dos o tres personas y no se celebró en un aula, sino en un despacho. Les di el trabajo y la bibliografía, pero muy por encima", indicaba en la sesión del pasado 22 de enero.
Es decir, tal y como afirma la acusada, lejos de seguir el procedimiento corriente, simplemente se limitó a entregar el trabajo. Un documento que, según la acusada, existe, pero que no consigue encontrar: "No guardo ningún ejemplar de estos trabajos. Lo he buscado, pero mi vida ha sido muy complicada, con dos mudanzas de domicilio y cinco de despachos", afirma.
Sin embargo, la expresidenta ha argumentado en diversas ocasiones que no ejerció ningún tipo de presión para conseguir el titulo. Es más, insiste en que "nunca" ha falsificado ningún documento: "¿Cómo voy a pedir un documento cuya insistencia desconozco?", alegaba.
"No pedí el acta del TFM": la acusada, sin su prueba más importante
La defensa de Cristina Cifuentes llegó a la primera sesión del juicio (celebrado el pasado 18 de enero) con una prueba que, en teoría, sería suficiente para justificar su inocencia: un pendrive con un archivo que se llama "Calendario", en el que aparece un certificado que demostraría que tenía todos los papeles necesarios para obtener el Máster.
Sin embargo, en la última sesión del juicio su letrado dio un giro de 180º a su estrategia: renunció a la prueba del pendrive por no querer mostrar su contenido de forma "indiscriminada". De hecho, solicitó al magistrado que se lo devolvieran.
En esta línea, José Antonio Choclán, abogado defensor de Cifuentes, aseguró que no quería que el dispositivo estuviera en las manos de la fiscalía y la acusación. En principio, porque podría vulnerar la intimidad de su clienta. El juez rechazó esta petición y, al ver la negativa, optó por renunciar a la prueba.
El abogado de Cifuentes: "Tendría que ser tonta para sacar pecho de un documento falso"
Choclán ha argumentado este viernes en la última sesión del juicio que la responsabilidad del acta falsa recae en la figura de Álvarez Conde, no en Cifuentes. Asimismo, también insiste en que la acusada no hizo más que compartir un documento (en referencia a cuando se extendió por los medios de comunicación) que provenía de una fuente fiable: "Por eso se atreve a sacar pecho, como ha dicho la acusación. Tonta sería (con perdón) si sacara pecho de un documento que se sabe falsificado", exclama.
Así, tanto el abogado como la propia Cifuentes insisten en su inocencia y, por ello, piden su absolución absoluta. Y la expresidente, en las sesiones anteriores, ya defendió su postura: "Pedí una copia de la matrícula y una certificación académica donde constaran las asignaturas, no pedí el acta del TFM", argumenta.
"Aquí se trata si Cifuentes era inductora de la falsificación de un documento hecho por Cecilia Rosado", ha añadido este viernes Choclán, que insiste en que el Ministerio Fiscal "debería haberse comportado igual que se hizo con el resto de alumnos".
De este modo, la acusada asevera que simplemente aceptó "un documento" que le mandaban de la universidad: "Es una documentación que me manda la universidad, actué de buena fe dando por bueno un documento que me mandó el rector". Llegado el final del juicio, el magistrado le ha preguntado a Cifuentes si quería decir alguna última palabra: "No", ha sido la respuesta. A partir de ahora, que la expresidenta autonómica entre o no en prisión, ya solo depende del juez.